La Secretaría de Gobernación, la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que el gobierno mexicano entregó hoy a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) un documento de observaciones, en el que niega casos de tortura contra implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como lo aseguró la propia ONU-DH.

Las tres dependencias aseguraron que el informe titulado “Doble injusticia: informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, que fue publicado por la ONU-DH el 15 de marzo del 2018, se constituyó sin tomar en cuenta la colaboración y cooperación que el gobierno de México manifestó en distintas ocasiones para que permitiera dar el cauce institucional adecuado a las preocupaciones de la Oficina en torno al asunto.

También manifestaron que a los detenidos por el caso Iguala se les practicó el Protocolo de Estambul, que aporta los estándares y parámetros mínimos mediante los cuales puede comprobarse la existencia de tortura.

“Los resultados a la fecha no sustentan fehacientemente la comisión de tales actos”, refirieron.

El gobierno de nuestro país reiteró a la ONU-DH que los referidos asuntos se encuentran aún bajo investigación y consideración judicial, por lo que las conclusiones de su informe resultaron prematuras y podrían afectar el resultado de las mismas.

En el documento de 23 páginas, presentado en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el gobierno mexicano informó también que en diversas reuniones de alto nivel con el representante en México de la Oficina, Jan Jarab, se le compartieron consideraciones y puntualizaciones importantes sobre el contenido del informe, en particular en relación con su metodología y los vacíos de información que contiene.

“Las observaciones formuladas al entonces proyecto de informe fueron, desafortunada y sorprendentemente, ignoradas por la Oficina en la publicación del informe final, pasando por encima de lo acordado con el gobierno de México sobre los alcances y términos de su función”, reclamó el gobierno mexicano.

No es la primera ocasión en que el gobierno indica que las observaciones formuladas a un experto de las Naciones Unidas han sido ignoradas previo a la publicación de un informe final.

A finales de marzo del 2015, autoridades nacionales escenificaron la primera tensión con este organismo multilateral, en ese momento se trató el señalamiento hecho por el entonces relator especial de las Naciones Unidas, Juan Méndez, en relación a que la tortura está generalizada entre las instituciones de seguridad nacionales.

El exsubsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería mexicana, Juan Manuel Gómez Robledo, dijo en reunión con medios de comunicación que, durante todo el 2014, la diplomacia mexicana sostuvo encuentros con el relator Juan Méndez, tanto de manera directa como por escrito, pidiéndole que reconsiderara el uso del término tortura generalizada.