Luego de la masacre de 26 jóvenes en un centro de rehabilitación de Irapuato, los gobiernos federal y de Guanajuato anunciaron que revisarán todos los anexos de la entidad, porque deberán cumplir con la normatividad vigente, de lo contrario no podrán funcionar.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, conversaron telefónicamente.

“Las vidas arrebatadas por la violencia duelen. Guanajuato y sus instituciones tenemos un compromiso absoluto con la justicia. Hoy más que nunca es necesaria la intervención coordinada de autoridades federales y estatales, como única vía para afrontar con éxito esta situación”, dijo el mandatario estatal.

Más tarde se llevó a cabo una reunión en aquella entidad en la que participaron el fiscal estatal, Carlos Zamarripa Aguirre; el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca; el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez; el delegado de la Fiscalía General de la República, David Carmona Álvarez; y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Héctor Ortiz Caletty.

Diego Sinhue Rodríguez pidió a la población denunciar al 911 o al 089, los lugares donde operen anexos clandestinos.

En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció al gobernador apoyo de la Federación para el tema de seguridad.

Durante una videoreunión con gobernadores del país para analizar el semáforo de la contingencia, la titular de la Segob ofreció a Sinhue y al resto de los gobernadores ser un “puente” de diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque varios mandatarios, entre ellos el de Michoacán, Silvano Aureoles, han solicitado una reunión con el Ejecutivo para abordar diversos temas como el de la seguridad, Sánchez Cordero planteó que la Federación está dispuesta a reforzar los convenios de colaboración en materia de seguridad.

“Para atender conjuntamente y coordinadamente los diversos retos (que se enfrentan)”, dijo la secretaria.

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