En materia de transparencia y derecho a la información, al menos la mitad de los estados del país están reprobados. El peor de todos: Guerrero.

La organización Artículo 19 y Fundar presentan hoy el Índice del Derecho al Acceso a la Información en México, con el que evalúan las 33 leyes de acceso a la información del país.

Según el informe del que hace referencia W Radio, las legislaciones están ahí, pero o son insuficientes o en la práctica no funcionan. Los ciudadanos siguen sin obtener la información que buscan y que las instituciones les deben.

Las razones varían: en algunos estados el poder ejecutivo designa al comisionado de información, es decir, no hay autonomía.

En otros estados, no hay sanción para las autoridades que se nieguen a entregar información.

En Baja California Sur, Durango y Guerrero ni siquiera se habla de subir la información a internet.

Y casi en todos los estados los partidos políticos no están obligados a rendir cuentas.

En la calificación de Artículo 19 y Fundar, Guerrero, no llegó ni a 1. Sacó 0.36. Puebla 0.53, Michoacán y Tamaulipas 0.55. La Federación apenas llegó al 6.

Los casos de ineficiencia son miles y según el estudio ninguna institución se salva. Todas son opacas.

En Guerrero, por ejemplo, prácticamente no hay responsables. No hay oficinas de enlace encargadas de recibir peticiones y dar información. Cualquier burócrata podría estar autorizado para dar información o para negarla.

Otro ejemplo, hablando de la Federación, la Secretaría de Hacienda escondió para el 2009 los archivos que se denominan analíticos del presupuesto, que sirven para ver el destino final de todos los presupuestos hasta su última partida. Hacienda dice que los archivos son procedimientos internos y no documentos, y en tanto, el último tramo de cientos de miles de millones de pesos queda completamente fuera de frecuencia.

En el Poder Judicial. Existe un misterio. Es incapaz de mostrar los criterios bajo los que distribuye su dinero año con año con base a las necesidades de administrar justicia. Es decir, no se sabe por qué y para qué necesita más jueces, secretarios y equipos de trabajo.

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