Marchan pobladores para exigir salida de policía comunitaria de Petaquillas

Unos 1,000 habitantes de los municipios de Quechultenango, Mochitlán y Chilpancingo, en Guerrero, protestaron este lunes para exigir de salida de la Policía Comunitaria asentada en el poblado de Petaquillas.

A bordo de camionetas particulares y autobuses, el grupo de pobladores salieron de sus comunidades y llegaron a Chilpancingo alrededor de las 10:00 horas para marchar por las calles, a fin de exigir a las autoridades estatales de que retomen el control de la seguridad controlada en estos momentos por el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado (Fusdeg), a cuyos integrantes acusaron de cometer abusos en contra de la población y de portar armas de grueso calibre.

Los inconformes vistieron playeras blancas con la leyenda No queremos comunitarios mientras otros portan machetes.

La marcha arribó alrededor de las 11:00 horas al Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero, donde pidieron audiencia con el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez.

Por su parte, líderes Fusdeg aseguraron que la protesta fue financiada por el grupo delictivo Los Ardillos, que busca tener el control de esos municipios guerrerenses.

Los manifestantes de Quechultenango y Mochitlán, entregaron a las autoridades un documento en el que exigen el retiro de la policía comunitaria de Petaquillas, por considerar que su presidencia es inconstitucional.

Asimismo, pidieron la destitución del ?comisario del poblado, Arquímides Vargas, y exigieron el regreso del Ejército para el resguardo de sus comunidades.

Por otro lado, unos 200 policías ciudadanos y policías comunitarios de la Fusdeg que operan en el municipio de Juan R. Escudero en la región de Tierra Colorada, se confrontaron durante cuatro horas para impedir una reunión informativa del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido.

Los integrantes de ambas organizaciones se acusaron mutuamente de vínculos con la delincuencia organizada, malos manejos del dinero y decomisos, arbitrariedades en detenciones y amenazas.

jmonroy@eleconomista.com.mx