Pasan los años y el Estado mexicano sigue sin garantizar el derecho que tiene toda persona a la identidad, consagrado en el Artículo 4 de la Constitución.

La añeja disputa entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional Electoral (INE), derivada de que el organismo autónomo no permite al gobierno tener acceso a la base de datos biométricos de los mexicanos mayores de 18 años, abona al incumplimiento.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López ya fijó fecha. En el 2023 la Segob tiene planeado haber cumplido el compromiso del Estado de que cada ciudadano cuente con la cédula única de identidad digital, de la que no necesariamente se emitiría una credencial, sino que se podría obtener por cualquier medio electrónico.

A la fecha, México no tiene una base de datos que vincule la identidad jurídica y la biométrica de toda la población. Ello impide brindar un servicio de identidad y de identificación como demanda la sociedad y mandata la Constitución, lo que facilita el robo de identidad, el fraude y la inseguridad, reconocieron a mediados del año pasado autoridades del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo).

Para garantizar el derecho a la identidad de todos los mexicanos, las autoridades competentes trabajan actualmente en la confección de un único sistema de registro a nivel nacional.

Solicitada de manera formal por Gobernación al INE la base de datos biométricos de 90.1 millones de mexicanos al iniciar el año en curso, el organismo autónomo respondió que no la entregará.

El consejero electoral Marco Antonio Baños argumentó que el INE defenderá sus atribuciones de proteger los datos personales de los votantes para evitar su uso político.

No es que el INE se oponga al gobierno federal, ahora encabezado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), explicó, sino que cuando, años atrás, la misma información fue solicitada por autoridades emergidas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) o Acción Nacional (PAN), para la emisión de la cédula de identidad, también les fue negada.

“Los datos de los ciudadanos no se entregarán al gobierno, sea cual sea su color”, sentenció el también presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores del INE.

Entrevistado por El Economista, Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), afirmó no poder calificar o descalificar los argumentos de los consejeros electorales al respecto, pero, consideró, “sí, que tienen razón”.

Porque hacer llegar a alguien una base de datos como la que posee el INE, dijo, no es cualquier cosa.

“Mientras el INE es el depositario de esa base de datos y por ley el responsable primario de su manejo, protección y tratamiento adecuado, el INAI es centinela de lo que el INE haga con los datos personales que posee.

“Si el INE toma una medida que no fuera correcta con las bases de datos, aunque sean de su injerencia y estén bajo su resguardo, el INAI podría llevar a cabo auditorías y hasta una intervención de ésas de carácter de medidas de oficio, para ir a verificar que cualquier tipo de trámite o tratamiento masivo de datos que hiciera cualquier institución del sector público, incluido el INE, que es el que tiene la base de datos personales más grande del país, no ponga en riesgo las bases de datos de las personas”.

Entre el 2001 y el 2002, recordó, la única vez que la autoridad electoral prestó la base de datos completa del padrón a Gobernación para elaborar la Clave Única de Registro de Población (CURP), se burló la información, vía el Renapo.

“Fue penoso lo que ocurrió porque una empresa llamada Choice Point compró —baratísima probablemente o seguramente— la base de datos que copiaron, que filtraron de la Segob, el Renapo, cuando el entonces IFE, desde una perspectiva eminentemente institucional, le mandó así, sin control mayor, sin ningún tipo de medidas de seguridad exigibles, la base de datos del registro nacional de población.

“Eso es un agravio y una violentación histórica, lamentable, del orden jurídico. Por esa razón el INE, en muy buena parte, yo desconozco todas las razones, las interpreto, las imagino, tiene que ser cautelosísimo y sumamente vigilante, celoso de su condición de ser la autoridad depositaria. El INE es el capellán de ese santuario enorme, inmenso de datos personales, biométricos y sensibles que abarca la credencial de elector”.

Desde la perspectiva del comisionado presidente, “no puede, bajo ninguna circunstancia, dejarse al aire o a la intemperie el peligro de que la base sea otra vez vulnerada, violentada y filtrada para cualquier fin, no necesariamente que sea para, otra vez, identificar por la vía del control absoluto de sus componentes a las personas que se encuentran en la condición de cualquier tipo. La base de datos del INE revela una enorme cantidad de datos personales de diversa tipología y naturalmente es delicadísimo”.

En su opinión, los consejeros electorales “han reaccionado desde la razonable actitud de no ser permisivos ni laxos para evitar que, en cualquier momento, por una mera conversación de esas de entendimiento político, se pongan de acuerdo y ‘órale ahí va’ (la base de datos del INE)”.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, aseguró en diciembre pasado: “No nos interesan los datos electorales, de distrito, de casilla, de domicilio, de Código Postal de ninguna persona. Nos interesa hacer el cruce de los datos biométricos, con la CURP, con el acta de nacimiento, para tener precisión sobre la identidad de las personas. Es muy distinto emitir una credencial de identificación, que es lo que hace el INE, a una cédula de identidad para toda la vida de las personas”.

Bancos ya recopilan información

Los bancos que operan en México han iniciado ya la recopilación de información biométrica de sus clientes, esto con el objetivo de bajar los índices de robo de identidad en transacciones financieras.

Aunque de manera oficial deberán hacerlo a partir del 30 de marzo de este año, es una medida que se puso sobre la mesa desde el 2017. En un principio entraría en vigor a partir de los primeros días de enero del 2019, pero por petición de los propios bancos que buscaban tener sólo una base de datos biómetricos en todo el sector, se dio un aplazamiento hasta el 30 de marzo del 2020. (Con información de Edgar Juárez)

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