Al señalar que la represión del INM y la Guardia Nacional no están justificadas bajo ninguna circunstancia, organizaciones sociales pidieron a la Secretaría de Gobernación; de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a hacer uso de las alternativas de protección a migrantes sustentadas en las leyes vigentes.

Oxfam México, la Redim, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC, entre otras, recordaron al Estado mexicano que cuenta con un marco legal nacional e internacional amplio para proteger a las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que se encuentran en Chiapas, quienes se han visto obligadas a desplazarse forzadamente ante la falta de respuestas de las autoridades competentes, a través de la regularización y relocalización hacia otras ciudades de México.

“Las personas migrantes y solicitantes de protección que actualmente se encuentran en Chiapas no representan una amenaza para la sociedad mexicana, por el contrario insertarlas en la sociedad supone una ventaja, pues no sólo contribuirán a la economía y desarrollo del país sino también a enriquecer nuestra cultura. En contraste, mantener el control migratorio, la criminalización y la represión dañan su integridad y separa familias, además de que promueve un ambiente de violencia, discriminación y xenofobia”, subrayaron.

Las organizaciones propusieron otorgar residencias temporales, de uno a cuatro años para quienes cuentan con una oferta de trabajo.

“Solicitamos una reunión de trabajo... (con las autoridades), con la finalidad de explorar las propuestas viables para evitar continuar con las violaciones a derechos humanos en contra de personas migrantes y sujetas de protección internacional”, concluyeron.

maritza.perez@eleconomista.mx