Para enfrentar la perpetuación de la desigualdad y pobreza en México, sobre todo porque en los últimos años, según el Inegi y el Coneval, la pobreza creció y el ingreso de los mexicanos disminuyó, urge redistribuir el gasto público, instaron a la Cámara de Diputados más de 60 organizaciones de la sociedad civil.

Durante la mesa de diálogo Desigualdad y pobreza: los problemas que debe atender el presupuesto 2016 y en representación del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y Sociedad en Movimiento, entre otras organizaciones sociales, cívicas y culturales, Mauricio Merino propuso a la Cámara Baja impulsar la agenda de la justicia social mediante seis acciones concretas:

Generar información transparente del destino de los recursos de los programas sociales mediante el padrón único de beneficiarios, ratificar la minuta sobre desindexación del salario mínimo para que entre en vigor antes de que finalice noviembre y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos pueda fijar en 87 pesos dicho salario para el 2016 y reformar la ley para establecer que las ganancias cambiarias del Banco de México no se destinarán al pago anticipado de la deuda, como acaba de avalar el Congreso de la Unión, sino a infraestructura productiva en zonas de rezago social.

Así como reducir las prerrogativas de los partidos políticos para destinar mayores recursos a programas de impacto social, lograr la cobertura universal de salud porque de acuerdo con la última medición de pobreza del Coneval aún hay 20 millones de mexicanos sin acceso a servicios médicos ? cifra que representa 18% de la población y concluir las reformas dirigidas a combatir la corrupción.

Ésta es la agenda de justicia, posible, para trabajarse en las siguientes semanas, no meses, semanas, y que empezaría a modificar el rostro desfigurado de nuestro país. Estamos listos para participar y aportar en este debate con las propuestas específicas de nuestras organizaciones especializadas conforme ustedes las requieran y para lo cual esperamos se abra un canal de comunicación ágil y enfocado en esta agenda , estableció Merino, de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Presentes en el evento junto con Jesús Zambrano, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI y PRD, César Camacho Quiroz y Francisco Martínez Neri, respectivamente, asumieron el compromiso de concretar la referida agenda de justicia social.

A cambio de que la ASF audite los recursos públicos

PAN condiciona apoyo a Presupuesto 2016

El Partido Acción Nacional (PAN) condicionó su voto para al Presupuesto de Egresos 2016 a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realice auditorías a los recursos públicos asignados o reasignados.

He pedido al grupo parlamentario garantizar todos los recursos humanos y materiales necesarios para establecer con toda puntualidad un programa especial de auditoría ejecutado por la propia Auditoría Superior de la Federación, para que ésta pueda revisar con todo detalle todas las partidas asignadas o reasignadas en la Cámara de Diputados , dijo.

Explicó, en este sentido, que los recursos asignados estarán sujetos a una revisión simultánea a la ejecución de los mismos.

Se trata de garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos y, sobre todo, de sancionar a quien pretenda lucrar con las asignaciones presupuestales , puntualizó.

Anaya Cortés destacó que esta condición es no negociable y reiteró que el PAN no aprobará un presupuesto que no tenga los recursos que hagan realidad estas auditorías.

Dijo que entre los criterios que proponen para normar la discusión del Presupuesto de Egresos es la transparencia en la asignación de todos los recursos, prohibición expresa de gestores intermediarios y que todo gasto, sin excepción, quede sujeto a reglas de operación que eviten la discrecionalidad.

En este sentido, detalló que en todos los casos se deberán publicar los costos de referencia, a fin de evitar los sobreprecios que den lugar a la corrupción, precisión de los beneficiarios del gasto de que se trate y la presentación obligatoria de proyectos ejecutivos.(Leopoldo Hernández)

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