A cinco años de la reforma constitucional en materia educativa, si bien se han reportado avances, en México “aún estamos lejos de que todas las niñas, niños y jóvenes estén, aprendan y participen en la escuela”, se lee en el estudio “La escuela que queremos” de Mexicanos Primero.

El documento destaca la necesidad de políticas públicas que aseguren que los menores, docentes y familias estén listos para aprender, se fomente el desarrollo de procesos y relaciones de aprendizaje incluyentes y eficaces y se garanticen condiciones materiales equitativas, además de un constante acompañamiento en los centros escolares.

Entre los avances, “La escuela que queremos” incluye la existencia ahora del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Servicio Profesional Docente, este último es el que genera procesos de ingreso al servicio de promoción de forma “más justa y transparente”.

“Se ha convocado a las y los maestros a participar en procesos de formación y evaluación, a las familias a tomar un papel más activo en los procesos escolares para potenciar el aprendizaje de sus hijos y a la sociedad a participar en la construcción de un nuevo modelo educativo”, se puntualiza.

Jennifer O’Donoghue, directora de Investigación y a cargo del estudio de Mexicanos Primero, destacó que la falta de “información adecuada” continúa siendo “un mal generalizado” en el sistema educativo nacional.

Durante la presentación del documento puntualizó que la “opacidad” característica del sistema educativo inhibe el papel de la sociedad civil en el monitoreo de las políticas públicas.

“Se destaca, en este caso, la falta de transparencia sobre el uso de recursos para mejorar la infraestructura escolar, la compra de equipamiento tecnológico o, más recientemente, la reconstrucción de más de 16,000 escuelas dañadas en los sismos de septiembre del 2017”, indicó.

O’donoghue refirió que a cinco años de las reformas el gran reto es “fortalecer el compromiso y la capacidad de los agentes de cambio, como son los funcionarios intermedios de la SEP, autoridades educativas locales, supervisores, inspectores y jefes de sector, directores, maestros, estudiantes y sus familias”.

“También son los académicos, las instancias formadoras de maestros, las organizaciones de sociedad civil y los medios de comunicación”, completó.

El documento expone que al no tener espacios y mecanismos de participación, las familias no han podido desempeñar su papel en la educación de sus hijos, principalmente en la definición de las prioridades en la Ruta de Mejora y el seguimiento de ésta durante el ciclo escolar.

Mientras que los alumnos no han tenido la oportunidad para expresar lo que quieren y necesitan aprender en el marco del nuevo modelo educativo y los docentes no han podido reportar irregularidades en la selección, promoción y evaluación.

“La falta de un marco regulatorio adecuado ha permitido la laxitud de las autoridades estatales y limitado el alcance del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIEGD)”, expuso.

David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, propuso cinco premisas: consolidar las capacidades de los docentes y directivos de todo el país; resolver los espacios de participación y aprendizaje; pasar de las leyes generales y estatales a normas y reglamentos aterrizados; rediseñar las evaluaciones, y reajustar las prioridades en el uso de recursos.

“El libro da elementos para que no se baje la guardia en la implementación honesta, oportuna y efectiva, antes, durante y después de la elección. Para que las propuestas de quienes se disputan nuestro voto no sean superficiales”, indicó Calderón.

En tanto, Juan Alfonso Mejía, director general de la ONG, destacó que la transformación educativa no se agota en una reforma ni se explica sólo a partir de ésta.

“Mientras una reforma pretende un cambio a ‘las reglas del juego’, la transformación pretende un cambio en el funcionamiento de las estructuras institucionales, las actitudes de los actores y en las prácticas que modelan su comportamiento”, expresó.