En su último reporte sobre evaluación de programas sociales (año 2018), el Coneval alertó que si bien la pobreza en México debe ser un tema prioritario, ésta no debe ser la única problemática que debe guiar la política pública.

“Para mejorar en el desarrollo social es necesario avanzar en el cumplimiento de los derechos y reducir las brechas que aún existen entre diferentes grupos sociales en el país, así como diseñar instrumentos de política pública que igualen las oportunidades de toda la población”, sugirió.

En tal reporte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) expuso que hay una multiplicidad de programas sociales que buscan mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza, los cuales no siempre lo logran.

“El Informe de Evaluación 2018 recomienda instrumentos de apoyo al ingreso en dos vertientes: a) estrategias que incrementen la productividad de la población en situación de pobreza, eliminando programas duplicados, poniendo énfasis en la comercialización y en el seguimiento constante a todo lo largo de los proyectos.

“Y, b) instrumentos que sirvan como red de protección social ante las fluctuaciones del ingreso de mercado para evitar cambios súbitos en el consumo de la población más pobre, como parte de un esquema amplio de seguridad social universal (para lo cual habría que explorar la posibilidad de: ampliar programas de empleo temporal; variantes de la renta básica ciudadana; incrementos moderados del salario mínimo; —y— seguro de desempleo)”.

Este 2021, prácticamente toda la República Mexicana está llamada a las urnas, y como en todo periodo electoral, existe la alerta de los actores políticos y ciudadanía para que no se utilicen los programas sociales para la compra de sufragios.

En México, eso se castiga con prisión. En la Ley General en Materia de Delitos Electorales se estipula que se aplicará de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien “amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición”.

En el 2018, al arrancar este sexenio, el Coneval tenía detectados al menos 8,423 programas sociales en México, la mayoría de corte municipal (6,829), seguido de los estatales (1,444) y al final los federales (150).  

Gonzalo Hernández Licona, quien fue Secretario Ejecutivo del Coneval, resaltó en entrevista que aunado a una crisis sanitaria por el Covid-19, existen diversos retos en el blindaje de los apoyos sociales con miras a un proceso electoral, en junio próximo.

El también experto en economía y políticas sociales, que ha colaborado con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expuso al respecto:

“El programa Prospera y Oportunidades, era el programa con mejor focalización del pasado, no es que fuera perfecto, pero se especializaba en reconocer a la población más pobre e ir por ellos, programa que desapareció en esta administración, lo que ha implicado, según los datos del INEGI, que el conjunto de programas que quedan tienen menos elementos de focalización que el pasado”.

Consideró que cualquier política social va a requerir siempre transferencias monetarias, porque es fundamental para una política pública de este tipo; sin embargo, opinó que no debe ser la única forma de hacerlo en un país.

Puso como ejemplo el acceso a una educación de calidad, al exponer que el simple hecho de que la gente tenga dinero o una beca para poder ir a la escuela no asegura el derecho efectivo a la educación, porque esto se cumple cuando hay instituciones cerca y de buena calidad.

En un reciente estudio realizado por la organización Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas se advirtió que cualquier programa de subsidios tiene que extremar sus medidas precautorias para evitar la reproducción de problemas e inercias de las prácticas corruptas tradicionales.

“En otras palabras, debe asumir el reto enorme de revertir décadas de corrupción sistémica”, porque ésta tiene efectos muy dañinos en la política pública, puesto que afecta profundamente el criterio de utilidad pública.

Un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria señala que los programas prioritarios implementados en el actual sexenio carecen del carácter de condicionalidad que tenían los programas en administraciones anteriores, por lo cual ayudan a reducir la pobreza a corto plazo, pero no se garantiza que los beneficiarios gasten las transferencias en acciones que les permitan reducir la pobreza a un plazo más largo.

Se indicó que antes del 2019, los principales programas sociales se caracterizaban por ser en su mayoría de transferencias condicionadas, mientras que la administración federal vigente los reemplazó con otros que carecen de esa característica. La condicionalidad ayuda a que los beneficiarios se involucren en actividades productivas y/o vinculadas al empleo, explicó la ONG.

De acuerdo con su informe anual del 2018 (cuando se renovó la Presidencia de la República), la Fepade reportó que entre enero y noviembre se habían abierto 208 carpetas de investigación por compra de votos y/o amenazar con suspender los beneficios de programas sociales.

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