Chihuahua: el problema del agua para EU

El diferendo entre el gobernador de Chihuahua y el mandatario, que desde la semana pasada se intensificó por la determinación del gobierno federal de abandonar la mesa estatal de coordinación sobre seguridad y el reparto de agua de la presa La Boquilla para cumplir el tratado con EU firmado en 1944, inició apenas se sentó López Obrador en la silla presidencial.

El viernes, en respuesta al presidente, Javier Corral (PAN) lo llamó mentiroso; el tabasqueño está acostumbrado, dijo, “a que nadie le lleve la contraria, (a) que todo mundo le diga ‘sí señor, usted tiene razón’, cuando sabemos que no sólo no tiene razón, (sino) que falta a la verdad”.

Y lamentó que el tema de seguridad pública sea “rehén del propósito político del gobierno de López Obrador contra el pueblo de Chihuahua”.

El pasado día 10, el gobernador pidió al presidente sacar a la Guardia Nacional de La Boquilla, tras los enfrentamientos con productores agrícolas que se manifestaron en el lugar y la muerte de una mujer. Es una instalación estratégica por lo que los militares no abandonarán su resguardo, fue la respuesta.

El 4 de febrero, Corral y sus otros ocho copartidarios gobernadores decidieron de última hora no firmar el acuerdo para su incorporación al Insabi; dos días después lo suscribió.

Jalisco: una baja presupuestal a estados

Integrante de la Alianza Federalista de gobernadores, Enrique Alfaro (MC) exigió al gobierno de López Obrador, el pasado día 23, compensar la caída de recursos para los estados, que proyecta el paquete económico del próximo año. Recordó que dicha alianza gobierna a 40 millones de mexicanos y aporta 34% del PIB.

El 10 de septiembre calificó como un duro golpe a Jalisco la baja de 3.3% en general y 4.6% real en participaciones y aportaciones, propuesta por el presidente para gastar en el 2021.

El primer día de agosto pasado, el mandatario jalisciense exigió la renuncia de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, por su fallida estrategia contra el Covid-19, al criticar que el gobierno federal ha intentado trasladar la responsabilidad del manejo de la pandemia a los gobiernos estatales y municipales.

Alfaro acusó, el 7 de junio, que las marchas en Guadalajara para exigir justicia por la muerte de Giovanni López a manos de la policía local fueron infiltradas por agitadores de Morena. Aunque lo deslindó de los hechos de violencia, el presidente lo llamó injusto e irrespetuoso y dijo que su gobierno no intervendría para solucionar el problema.

Michoacán: incluso recurrió ante la Corte

El 6 de octubre del 2018, aun antes de que López Obrador asumiera el cargo de presidente, el gobernador Silvano Aureoles (PRD) se reconcilió con el entonces mandatario electo, con quien se reunió, ese día, en privado en Morelia, luego de sus fuertes críticas antes y después de los comicios del 1 de julio, a quienes ya se sabía que integrarían el gabinete y la figura de los llamados superdelegados, encargados de la coordinación de los programas federales en las 32 entidades.

A partir del 1 de diciembre del 2018, cuando el tabasqueño asumió el cargo, las diferencias entre ambos afloraron de nuevo.

El 4 de diciembre del 2018, tras la primera reunión de la Conago con el nuevo presidente, el michoacano anunció la presentación de una controversia por invasión de facultades y en rechazo a la injerencia del superdelegado federal en materia de seguridad y coordinadores regionales.

El pago a maestros de la CNTE que bloquearon vías férreas durante varios días y el cierre de ductos como parte del combate al robo de combustible han sido otros temas de disenso.

Tamaulipas: Emilio “L” y la inseguridad

Desde Reynosa, el pasado 28 de agosto, Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), quien encabeza la Alianza Federalista, reiteró ante el Ejecutivo la necesidad de modificar la Ley de Coordinación Fiscal, que establece el reparto de las participaciones federales. El presidente dijo que no se opone y urgió a que los propios gobernadores acuerden la nueva fórmula de reparto.

El 26 de junio, el panista expresó que su gobierno y el de Jalisco emprendieron acciones legales para revertir la cancelación de proyectos de generación de energía y que impulsan impuestos al uso de combustóleo en dicho proceso; esto, en abierta oposición a la política que en el tema lleva a cabo la administración federal.

La semana pasada, el gobernador pidió una reunión con Arturo Herrera, secretario de Hacienda, para “hacerlo entrar en razón” sobre el uso del presupuesto del año próximo, a fin de reactivar la economía en el contexto de la pandemia.

Señalado por Emilio “L”, exdirector de Pemex, de supuestamente recibir sobornos del gobierno del expresidente Enrique Peña cuando fue senador para aprobar la reforma energética, García Cabeza de Vaca acusó el 26 de junio, desde Monterrey, que López Obrador mide la violencia en el país con diferentes varas y partidiza el tema.

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