La Ley General de Víctimas es burocrática e inequitativa , ya que está lejos de proteger y reparar el daño , aseguró Isabel Miranda de Wallace.

La presidenta de la asociación Alto al Secuestro manifestó que los cambios realizados por los integrantes de la Cámara Alta sólo generan una simulación en la reforma a la Ley de Víctimas y debe asumirse, como una traición a la palabra del presidente Enrique Peña Nieto e incumplimiento a los acuerdos a los que se llegó en el foro Equidad para la Víctimas del Delito en el Debido Proceso Penal.

Una de las principales impulsoras de ese tema recordó que el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a cambiar las condiciones burocráticas e inequidad que enfrentan las víctimas y se le dijo: Tiene usted, presidente, junto con las organizaciones sociales el compromiso de ser en este frente, un aliado para que tengamos realmente un modelo que sirva a la protección y defensa de las víctimas como debe ser: equidad para que realmente haya justicia .

Miranda de Wallace sostuvo que a tres años de promulgada la Ley General de Víctimas las cifras en el rubro son elocuentes, debido a que únicamente 17 estados del país tienen una Comisión Ejecutiva Estatal.

Sin embargo, sólo algunos como Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Estado de México y Yucatán cuentan con un fondo y en ese total de entidades hay 264 abogados victimales, y si se toma en cuenta que en el 2016 se han contabilizado 561,418 delitos (...) en promedio cada asesor atendería 2,126 casos más los que se vayan acumulando en los próximos años de esta administración, lo cual es humanamente imposible , concluyó.