El Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, Érik Zabalgoitia Novales, ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) a realizar una investigación exhaustiva que esclarezca si hubo, o no, la ejecución arbitraria de 22 personas durante un enfrentamiento en Tlatlaya, Estado de México en el 2014.

La decisión judicial fue motivada por un recurso interpuesto por Clara Gómez González, detenida por elementos del Ejército durante el operativo contra supuestos integrantes de un grupo criminal realizado en una bodega de Tlatlaya.

Según la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el 30 de junio del 2014, elementos del Ejército ubicaron la bodega donde supuestamente se escondían integrantes de un grupo delincuencial, por lo que al iniciar un operativo para lograr su detención se inició un enfrentamiento que dejó como saldo 22 personas muertas.

Sin embargo, tres de los detenidos en el lugar declararon que sólo uno de los 22 fallecidos había muerto a causa del enfrentamiento, y los demás fueron ejecutados por los elementos del Ejército.

Esto provocó la detención de los elementos militares Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López, Leobardo Hernández Leónides, Ezequiel Rodríguez Martínez, Samuel Torres López, Julio César Guerrero Cruz y Alan Fuentes Guadarrama, quienes fueron liberados en el 2015 y el 2016, por falta de pruebas en su contra.

Debido a que los hechos no han sido esclarecidos, el juez Érik Zabalgoitia Novales ordenó a la PGR realizar una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y establecer responsabilidades, “incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

“Las autoridades deben, de manera ininterrumpida y con celeridad, realizar diligencias pendientes, analizar pruebas para identificar a los probables responsables tanto materiales como por cadena de mando. (También) investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad y a quienes intervinieron en su emisión, respetar el derecho de la víctima a coadyuvar activamente en el caso y programar cronológicamente las diligencias, pudiendo llegar al ejercicio de la acción penal”, refirió la sentencia.

Lo anterior, según el juez, debido a que “no se llevaron a cabo diversas diligencias anteriormente ordenadas; que algunas de las que sí se realizaron no son pertinentes ni idóneas; que no se analizaron pruebas provenientes tanto del expediente como de la CNDH y de las propias declaraciones de los militares involucrados”.

Además, “no se ordenó recabar nuevas pruebas ni fortalecer la acción penal. Las autoridades no han considerado las pruebas ofrecidas por la víctima ni han hecho esfuerzos para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad”, señala la sentencia.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro informó en un comunicado que la sentencia obliga a realizar diversas diligencias que hasta ahora no se han llevado a cabo, pese a que fueron ordenadas por un juez, entre ellas, investigar la cadena de mando relacionada con la orden de abatir a los delincuentes.