El equipo de investigadores internacionales que tenían inmunidad diplomática que llegó a México para indagar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa también fue blanco de la tecnología de espionaje que fue vendida al gobierno mexicano para vigilar a criminales y terroristas.

Los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) califican como una campaña de acoso e interferencia que, obstaculizó sus indagatorias sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre del 2014 y cuyos cuerpos fueron presuntamente incinerados. El GIEI fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Un análisis de la Universidad de Toronto, indicó que un teléfono utilizado por estos expertos recibió mensajes de texto con el propósito de ser infectado por el software de espionaje fabricado por la empresa israelí NSO Group.

Los hechos ocurrieron a principios de marzo del año pasado, poco después de que el grupo de la CIDH "criticara al gobierno mexicano por interferir en su investigación, y mientras preparaba su reporte final", añadió el reporte.

El análisis de la universidad canadiense confirmó además que "al menos 19 personas fueron blanco del programa NSO en México, incluyendo abogados, políticos, periodistas, activistas que combaten la corrupción, científicos, defensores de la salud pública, agentes gubernamentales y sus familiares".

De acuerdo con una información publicada este lunes por el diario The New York Times, el GIEI recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía el programa espía Pegasus. Ese teléfono móvil del secretario ejecutivo del grupo fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, fuentes, la CIDH y el gobierno.

Cuando los miembros del GIEI indagaban la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, recibieron mensajes SMS idénticos en sus teléfonos personales, que los incentivaban a darle clic a un enlace que, de manera secreta, convierte al celular en un aparato de espionaje al posibilitar el monitoreo de las llamadas, correos, mensajes de texto, calendarios, contactos y hasta la cámara y el micrófono del dispositivo móvil, precisó el NYT.

Esta revelación difundida por el NYT, indica que el espionaje realizado por el gobierno mexicano no se centró solamente en los críticos del gobierno locales, sino que dio un paso más adelante y también interfirió con los investigadores procedentes de otros países, afectando a oficiales internacionales, que contaban con una especie de inmunidad diplomática.

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En México sí está permitido que el gobierno espíe. Sin embargo, según la legislación vigente, la vigilancia está regulada y sólo puede ser realizada con el aval de un juez federal y con motivos de investigación que tenga causales bien justificados. Es decir, sólo cuando el sujeto de la vigilancia sea una persona de interés para el estado y se inicie un proceso jurídico en su contra, los investigadores podrán presentar la solicitud ante un juez federal que determinará si sí procede la solicitud de vigilancia de aquellos que investigan. El espionaje al GIEI, no cumple ninguno de estos lineamientos.

El escándalo sobre el presunto espionaje estalló el pasado 19 de junio a raíz de un reportaje publicado por el diario The New York Times, que reveló los hallazgos de la Universidad de Toronto y llevó a un grupo de activistas y periodistas a denunciar legalmente al gobierno de México por intervenir sus teléfonos móviles.

Según la investigación del diario estadounidense, el gobierno mexicano ha gastado desde el 2011 por lo menos 80 millones de dólares en el programa espía, "Pegasus" diseñado por la compañía israelí NSO Group y que dentro de sus políticas de comercialización sólo puede ser ofrecido y comercializado a gobiernos, con la condición de que sea utilizado sólo contra delincuentes y terroristas.

Según las investigaciones, el software ha sido utilizado en otros blancos, que incluyen periodistas, activistas de diferentes causas, abogados, políticos de oposición, especialistas forenses y un adolescente.

Después de que se reveló que el gobierno había realizado al menos 88 intentos de infección a teléfonos móviles con el malware Pegasus en contra de periodistas y defensores humanos en México, con la intención de espiar sus comunicaciones, funcionarios del gobierno mexicano, incluido el presidente, Enrique Peña Nieto, negaron que se haya utilizado esta tecnología para vigilar voces incómodas.

El gobierno mexicano prometió una investigación del tema a fondo y se escudó en argumentar que no hay huellas que permitan identificar exactamente quién hizo uso de la tecnología para intervenir los teléfonos con Pegasus. Para la investigación, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que solicitará apoyo al FBI y a las de las Naciones Unidas. Casi 21 días después de que se diera a conocer el espionaje, no ha llegado una solicitud formal del gobierno al FBI para iniciar juntos una investigación, según la embajadora estadounidense en México, Roberta Jacobson, dijo al NYT.

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NSO Group admite que no se puede determinar a ciencia cierta quién es responsable de intentos específicos de hackeo. Pero la empresa israelí asegura que el software sólo se vende a gobiernos y que está diseñado con funciones específicas que no permiten que dicha tecnología sea usada fuera de las agencias gubernamentales que la adquieren. La pasada investigación de NYT reveló que el gobierno mexicano sí celebró contratos con NSO Group, en los que adquirió la tecnología.

Para confirmar que un teléfono móvil fue infectado con Pegasus, se puede identificar rastros del programa de espionaje siguiendo los rastros del código de NSO Group en el teléfono al examinar el mensaje para ver si el enlace tenía vínculos a algún servidor con tecnología de NSO. Siguiendo los vínculos en los teléfonos, fue cómo se determinó y confirmó el uso del programa en al menos 19 casos que involucran a los periodistas, activistas y defensores mexicanos, políticos y, ahora, oficiales internacionales.

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