Inseguridad frena competitividad: IMCO

El director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, afirmó que la inseguridad es el principal desafío para la competitividad de México, y alertó que de no avanzarse contra ese flagelo el país podría quedar estancado.

En la presentación del estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Seguridad, Justicia Penal y Competitividad, dijo que es difícil dar cifras sobre el impacto de la inseguridad sobre la competitividad, pero, sin duda, México tiene que resolver el problema, si no, corre el riesgo de estancarse .

Para que el país pueda aumentar la inversión extranjera, la competitividad y volverse un lugar más atractivo para atraer y retener inversión es necesario acabar con la inseguridad, aseveró en entrevista.

Por otro lado, al presentar en la Secretaría de Economía el estudio Fortaleciendo el uso de Evidencia para la Implementación de Políticas Púbicas en Seguridad y Justicia en México, dijo que los objetivos del estudio son evaluar la información de seguridad y justicia, detectar carencias específicas y generar recomendaciones de política pública.

Indicó que no se cuenta con evidencia suficiente para juzgar el desempeño de los gobiernos estatales en ese rubro, por lo que este es un esfuerzo para poner luz sobre las áreas en las que tenemos que generar sistemas de información que nos permitan saber hacia dónde vamos y qué estamos haciendo bien.

Ante el secretario de Economía, Bruno Ferrari; el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, José Óscar Vega Marín, refirió que el presupuesto estatal destinado a cuestiones relacionadas con justicia penal es en promedio nacional de 6.4 por ciento.

Indicó que hay una enorme dispersión de los estados en cómo se está gastando o qué esfuerzo presupuestal hacen para enfrentar el fenómeno de la criminalidad.

Coincidió con Gurría en que el problema de la criminalidad es regional y no nacional, y en la medida en que así se entienda y se empiece a atacar, se le podrá sacar la vuelta más pronto a este reto .

Destacó que en asignaciones presupuestales a justicia penal por habitante el promedio es de 60 dólares (a cotizaciones de 2011). Aquí, planteó, habría que ver que si pagamos 60 dólares de justicia penal pues vamos a recibir una justicia penal de 60 dólares.

Uno los principios filosóficos en IMCO es que la diferencia entre una noción ética, un principio ético y un derecho es el presupuesto. Uno puede aspirar a tener justicia penal y es una apreciación ética y moral, sin embargo, si no se le asignan recursos, esa aspiración moral se queda sólo en eso y no se puede convertir en un derecho, dijo.

Otro dato importante del estudio de IMCO, citó, es que 44% de personas en situación de cárcel en el país están en espera de una sentencia, por lo que tal vez antes de pensar en construir nuevas prisiones habría que pensar en tener un sistema de justicia más pronto y expedito.

Explicó que sólo de esa manera se reducirá esta cifra que nos dice que probablemente un porcentaje muy amplio de estas personas al no haber enfrentado la justicia probablemente son inocentes.

Pardinas abundó que en estados como Chihuahua y Baja California, interpretados como la zona cero o el epicentro de la crisis de criminalidad, ha bajado el índice de homicidios.

El estudio Fortaleciendo el uso de Evidencia para la Implementación de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia en México está en inglés y su versión en español se presentará el 26 de noviembre, puntualizó.

klm