La bancada del PRI en la Cámara de Diputados definió la agenda que promoverá a partir del 1 de septiembre. Destacó que la bancada del partido al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto no se comprometió con las iniciativas que presentó el Ejecutivo para elevar a rango constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo, y para la regulación de la mariguana con fines medicinales.

Luego de dos días de sesionar en un hotel de la Ciudad de México, la bancada priista definió temas generales sobre los que abordará.

Por ejemplo, definió que en el Paquete Económico 2017, que se presentará por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 8 de septiembre, planteará la simplificación de los trámites para los contribuyentes y que se garantice la inversión en ciencia y tecnología.

También se propuso reformas a diversos ordenamientos para impulsar un salario justo y suficiente, así como medidas para fomentar actividades productivas en ramas estratégicas de la economía.

Se planteó llevar a cabo reformas para el fortalecimiento de las políticas de igualdad social, medidas para facilitar el acceso al desarrollo pleno de las mujeres.

Proyectó impulsar temas para el desarrollo de la juventud, y en materia de seguridad no definió los temas que abordará, únicamente que promoverá leyes de seguridad ciudadana y justicia democrática , reformas constitucionales y legales en materia de justicia cotidiana , y una segunda generación de reformas en materia de justicia .

En ese tema no incluyó abiertamente su intención de impulsar el mando mixto policiaco, el cual sí fue definido como una prioridad por parte de las bancadas del PAN y PRD.

Asimismo, la bancada priista destacó que en materia de transparencia y rendición de cuentas, impulsará la ley para la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y archivos, y una legislación relativa a obras públicas y servicios atinentes a las mismas, así como referentes a adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público federal.

Finalmente, definió como prioridad reformas diversas para establecer el procedimiento de designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica; la CNDC; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Inegi.

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