La Secretaría de la Función Pública (SFP) denunció ante el Ministerio Público a 59 funcionarios que presuntamente incrementaron su patrimonio sin comprobar la solvencia económica para ello.

La dependencia informó que del 1 de septiembre del 2016 y hasta el viernes pasado, se encontraron los casos de los funcionarios, que ocupan cargos públicos en niveles que van desde analistas hasta equivalentes a subsecretarios de Estado.

Los 59 funcionarios que supuestamente incrementaron su riqueza lo hicieron, en su conjunto, en 333 millones 225,836 pesos; de manera personal, los aumentos en los patrimonios fueron desde 255,836 pesos, hasta 61 millones 109,000.

En una nota de prensa, la dependencia federal indicó que remitió las denuncias con el objetivo de que “investigue si el incremento patrimonial detectado constituye una conducta delictiva”.

El periodo de análisis dado a conocer por la SFP significa un parteaguas para este tipo de anomalías en la Administración Pública Federal, ya que en los cuatro años anteriores, entre diciembre del 2012 y agosto del 2016, se registraron en total 47 casos de presunto enriquecimiento anómalo.

“Las revisiones de evolución patrimonial se hacen al azar, ante una denuncia o cuando hay indicios de alguna anomalía. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, a los 23 servidores públicos involucrados de inmediato se les inició un escrutinio de este tipo”, señaló la dependencia.

En la Ley General de Responsabilidades Administrativas —vigente desde el 19 de julio pasado, como parte final de la entrada en vigor de las leyes anticorrupción— se obliga por primera vez a todos los servidores públicos a rendir cuentas sobre su patrimonio y cómo se incrementa, además de precisar plazos para la entrega de sus declaraciones; para aquellos funcionarios que hayan ingresado a la Administración Pública por primera vez, o que signifiquen un reingreso, deberán presentar su declaración en los primeros 60 días naturales al ingresar al cargo.

En el artículo 34 de la Ley de Responsabilidades se indica que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción será el encargado de emitir las normas y formatos en los que en adelante los funcionarios presentarán su declaración.

LAS OBRAS ESTUVIERON A CARGO DE ODEBRECHT

Avance en investigación, de 80%

La Secretaría de la Función Pública encontró nuevas presuntas irregularidades en el caso Odebrecht, en la ejecución de las obras contenidas en los contratos de Tula 1, Tula 2 y Salamanca, que se espera desencadenen en entre dos y tres procedimientos administrativos nuevos, informó Christian Noé Ramírez Gutiérrez, coordinador general de los Órganos de Vigilancia y Control de la dependencia.

“Como parte de las investigaciones que se hicieron en esos contratos tenemos otros hallazgos que estamos terminando de integrar y motivarán el inicio de nuevos procedimientos administrativos. La investigación abarcó todos los procedimientos de adjudicación y de ejecución de obra, los hallazgos que identificamos son en la parte de ejecución de obra”, explicó a El Economista.

El coordinador aseveró que, en esta ocasión, la investigación es al interior de la Administración Pública Federal, por lo cual no “se está obligado a hacerle de su conocimiento a los involucrados, dependerá del resultado final, tratamos de ser muy contundentes, de no inventar culpables, yo estaría calculando entre dos o tres procedimientos más”.

¿Tienen un tiempo estimado de cuándo terminarán las investigaciones?, se le preguntó.

“Tenemos un porcentaje de avance de 80%; en las próximas semanas podríamos dar a conocer el inicio de estos procedimientos”, puntualizó.