La Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) reanudaron el proceso nacional de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en México, con la creación del comité coordinador.

En un comunicado conjunto detallaron que los integrantes de este comité reactivaron el diálogo y los trabajos para la construcción de los planes de acción nacionales ante dicha iniciativa internacional, "para evitar que otro episodio como el del malware Pegasus vuelva a ocurrir".

Los integrantes del comité coordinador acordaron una hoja de ruta para atender la problemática de vigilancia estatal ilegal en México, que establece la realización de un foro público el 26 de marzo de 2019, con el objetivo de impulsar un diálogo abierto, para elaborar una política de prevención y control; la cual se diseñará mediante un proceso colaborativo que incluya consultas, entrevistas, sesiones y talleres con servidores públicos, integrantes de la academia, especialistas y representantes de la sociedad civil, nacionales e internacionales.

El Inai recordó que en febrero pasado se realizaron dos reuniones preparatorias para abordar los alcances de la reanudación de los trabajos. En este sentido se tomó en cuenta la denuncia de presuntos actos de espionaje ilegal contra activistas y defensores de derechos humanos, así como la modificación de alcances a los compromisos del Tercer Plan de Acción que derivó en la salida del NOSC del Secretariado Técnico Tripartita en mayo de 2017.

Se destacó que en diversas ocasiones, tanto el titular del Ejecutivo Federal como el Inai, han reprobado cualquier acto de espionaje y de intervención de comunicaciones sin controles judiciales.

El Inai, desde la denuncia que hicieran las organizaciones de la sociedad civil, ha mostrado su compromiso con la protección de datos personales, tal como se demuestra en la reciente resolución de su Pleno respecto al uso del malware Pegasus.

La hoja de ruta acordada atiende exigencias sociales mínimas para que en México se pueda llegar a garantizar la legalidad, transparencia y rendición de cuentas en el uso de tecnologías para la vigilancia gubernamental.

De esta manera, se establecen las condiciones para iniciar el proceso de construcción del Cuarto Plan de Acción 2019-2021 de México, el cual deberá presentarse a más tardar el 31 de agosto de 2019.