El sistema electoral y el Ministerio Público federal en México comenzarán una nueva etapa de reestructuración, al concretarse la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía General de la República.

El INE que sustituye al Instituto Federal Electoral tendrá la facultad de organizar no sólo los comicios federales, en los que se elige al Presidente de la República, a senadores y diputados, sino también las elecciones estatales.

Así, los comicios intermedios del 2015 ya serán organizados por esta instancia autónoma.

La Fiscalía -que remplaza a la Procuraduría General de la República- se convierte en un Ministerio Público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonios propios.

En el terreno electoral, dicha Fiscalía contará con órganos especializados en materia de delitos comiciales y de combate a la corrupción.

El viernes pasado, en el Castillo de Chapultepec, fue promulgada la reforma político-electoral constitucional, evento que encabezó Enrique Peña Nieto y en el que participaron los presidentes del PAN, Gustavo Madero, y del PRI, César Camacho, registrándose la ausencia del PRD en la lista de oradores.

Conforme a la reforma, que esta semana entrará en vigor, el INE contará con un Consejo General, integrado por un Consejero Presidente y 10 consejeros electorales.

En los supuestos que establezca la ley secundaria, y previa aprobación de una mayoría de ocho votos de consejeros, el INE podrá asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral de órganos locales.

También podrá atraer cualquier asunto de la competencia de órganos electorales estatales, cuando amerite la trascendencia del caso.

Una vez que entre en vigor la reforma (hoy sería publicada en el Diario Oficial y mañana se concreta), deberá quedar integrado el INE dentro de los 120 días naturales siguientes. El proceso electoral federal del 2015, que arranca en octubre próximo, ya estará a cargo del INE.

La Fiscalía General de la República, ahora autónoma del Presidente en turno, será encabezada por un fiscal que durará nueve años al frente -es decir, trascenderá de un gobierno a otro- y será nombrado mediante una coordinación entre el Ejecutivo y el Senado.

La reforma contempla la posibilidad de crear un gobierno de coalición, entre la administración federal y los partidos políticos.

En materia de reelección consecutiva, los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados, hasta por cuatro, mientras que los estados podrán incluir la reelección de diputados locales hasta por cuatro periodos en sus leyes; también se recorre al 1 de octubre la fecha para la toma de posesión del Presidente, que era el 1 de diciembre.

El presidente Peña detalló que con este nuevo modelo el Senado ratificará los nombramientos de secretarios que el Ejecutivo haga y los partidos deberán garantizar 50% de cuota de género en las candidaturas.

Gustavo Madero (PAN) afirmó que tras 15 años de gobiernos divididos, y sin mayorías legislativas, había un rezago de cambios institucionales, mientras que César Camacho (PRI) aseguró que la reforma otorga poder al ciudadano y fortalece la voluntad popular.

REFORMA AL CONEVAL

A partir de la reforma, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) adquiere autonomía constitucional como órgano encargado de medir la pobreza y de analizar los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social.

También podrá emitir recomendaciones conforme a la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales.

mauricio.rubi@eleconomista.mx