Guardia y fiscal podrían ir a extraordinario

La nueva LXIV Legislatura del Congreso de la Unión concluyó el primer periodo de sesiones ordinarias —en las Cámaras de Diputados y de Senadores— sin desahogar por completo la agenda legislativa comprometida por los ocho grupos parlamentarios representados en su seno.

Son varias las reformas legales pendientes.

Diputados federales y senadores se abocaron en la recta final del periodo septiembre-diciembre a la aprobación del Paquete Económico para el ejercicio fiscal del 2019, que incluye la ley de ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Aprobado el dictamen de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional en comisiones sólo por los representantes del partido Movimiento Regeneración Nacional, la fuerza política mayoritaria y sus aliados, el pasado viernes, un día antes de la sesión del pleno camaral en que se sometería a discusión, la Junta de Coordinación Política, integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en San Lázaro, acordó posponer la votación para enero, en periodo extraordinario de sesiones, previo análisis exhaustivo con especialistas en la materia.

La aprobación de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional destaca entre los pendientes legislativos en el Congreso de la Unión.

La Cámara de Senadores clausuró los trabajos correspondientes al primer periodo de sesiones ordinarias sin iniciar aún el procedimiento de designación del nuevo fiscal general de la República, en tanto que la Cámara de Diputados dejó para mejor ocasión la reforma laboral sobre el reconocimiento de libertad sindical y transparencia en la elección de dirigentes, que debió aprobar el Congreso mexicano antes de finalizar el año en curso.

Reforma laboral, para después

Jesús Seade, entonces representante del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró el pasado 21 de noviembre que en los anexos del capítulo laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se acordó la obligación de México de realizar dicha reforma laboral antes de que entre en vigor dicho pacto. Así lo confirma la iniciativa de enmiendas a la Ley Federal del Trabajo presentada de manera formal el pasado domingo, horas antes de que concluyeran los trabajos del pleno camaral, previa aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2019, por el grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la fuerza política con el mayor número de diputados federales.

“El anexo 23 de dicho acuerdo (Capítulo Laboral del USMCA) establece de manera muy precisa los lineamientos bajo los cuales deben ser reglamentados los nuevos principios constitucionales y condiciona la ratificación del tratado a la adopción previa por parte del Estado mexicano de los cambios legislativos que implica la referida reforma constitucional”, cita la propuesta en la exposición de motivos.

La reglamentación en materia de justicia laboral está pendiente desde hace por lo menos 10 meses.

Fuero queda pendiente

En San Lázaro, los diputados federales no lograron aprobar la reforma constitucional que eliminaría el fuero del que gozan los servidores públicos y representantes populares; y es que si bien el dictamen correspondiente se aprobó en lo general, la oposición del PAN, PRI, PRD y MC se impuso durante la discusión en lo particular y frenó la desaparición de la figura jurídica.

La minuta correspondiente fue turnada a la Cámara de Senadores, donde está pendiente de desahogo.

Los senadores tampoco lograron aprobar la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Entrada en vigor de Fiscalía

Declarada la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la nueva Fiscalía General de la República, desde el pasado día 20, el Senado tiene pendiente la designación de su titular.

La Constitución establece que una vez realizada la referida declaratoria, “la Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el apartado A del Artículo 102 de esta Constitución para la designación del fiscal general de la República”, lo que no sucedió durante el periodo ordinario recién concluido.

Ahora, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tendrá que convocar “inmediatamente a sesión extraordinaria”, ordena la Carta Magna, para que el senado realice dicha designación.  La entrada en vigor indica que el procurador general de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria “continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al fiscal general de la República”.

La reforma constitucional de hace casi cinco años precisa que el fiscal durará en su encargo nueve años y que será designado y removido por el Senado con la intervención del presidente de México.

Cabe mencionar que López Obrador, en agosto pasado, dijo que buscará que Bernardo Bátiz, Verónica de Gyves y Juan Luis González se encuentren en la lista de los 10 que evaluará el Senado para elegir al fiscal general de la República.

Análisis para Guardia

En el caso de la Guardia Nacional la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro solicitó a la Comisión de Puntos Constitucionales coordinar los trabajos y realizar, en conferencia con las comisiones del Senado de la República, el análisis de las reformas a la Constitución Política sobre el dictamen.

El documento expresa el deseo de la Jucopo de que exista amplia consulta de las comisiones de ambas cámaras, para poder aportar a los trabajos de análisis y discusión, y dictaminarían en la materia un proceso más inclusivo, amplio y transparente.

Entre los puntos más relevantes del dictamen se encuentra que  el Congreso de la Unión podrá disolver, por mayoría de las dos terceras partes de los miembros presentes a la Guardia Nacional.

Todos los elementos de la Guardia Nacional recibirán formación en derechos humanos y capacitación y adiestramiento en labores policiales, así como en el dominio de un protocolo para la intervención y uso de la fuerza. Además, la Guardia Nacional quedará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero de manera transitoria, en los próximos cinco años, quedará adscrita a la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena).

Revocación de mandato y consulta popular

Desde el pasado 27 de noviembre la Comisión de Puntos Constitucionales avaló el dictamen sobre la revocación de mandato y ampliar las consultas populares en la Constitución, pero este dictamen aún no se discutió en el pleno.

El proyecto pretende reformar el Artículo 35 constitucional, indica que las consultas populares puedan realizarse cualquier día, no sólo en una jornada electoral, y permitiría al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al ejercer el cargo, convocarlas cuando quiera.

Las consultas pueden ser convocadas por el presidente de la República, el equivalente a 33% de alguna de las cámaras del Congreso o 1.5% de la Lista Nominal del Instituto Nacional Electoral (INE).

Por otro lado, la Cámara de Diputados y Senadores probaron diversas reformas, entre ellas la ley de remuneraciones, modificaciones en materia de extinción de dominio y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.