La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión en contra del empresario Raúl Beyruti, fundador y presidente de GINgroup, por la presunta comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Fuentes confirmaron a este diario que la orden de aprehensión librada por un juez federal es a raíz de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, involucra recursos presuntamente no reportados a la autoridad fiscal por 34,000 millones de pesos de 92 empresas del outsourcing, que incluye a GINgroup, y por lo cual esa unidad interpuso siete denuncias penales ante la FGR.

Las investigaciones también son por una denuncia interpuesta por el IMSS, el 18 de agosto del 2020, en contra de la empresa Representantes del Sur S.A de C.V, por omisión en el pago de cuotas obrero patronales. 

Raúl Beyruti encabeza GINgroup, una de las principales compañías de subcontratación laboral, asesoría y administración de capital humano en México, y que da servicio a unas 4,500 empresas, mismas que subemplean a unas 180,000 personas.  

Además de México, GINgroup opera en República Dominicana, Colombia, España, Canadá, Perú y en las ciudades de Estados Unidos: Miami, Los Ángeles, Nueva York y Houston.

Antecedentes

El 28 de septiembre del 2020, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, acusó a la entonces vicepresidenta de GINgroup, María Beatriz Gasca Acevedo, de financiar a un grupo de mujeres que tenían tomada la sede de la CNDH en el centro de la capital. El consorcio negó en un comunicado tal situación, y anunció la separación de Gasca.

Previamente, el senador de la República, Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera tenía una serie de investigaciones abiertas contra empresas del outsourcing, incluyendo las compañías que opera Raúl Beyruti.

En su oportunidad, el presidente de GINgroup negó que sus empresas lucraran con la subcontratación laboral y evadiera impuestos a través de la facturación.

En noviembre del 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) diversas reformas aprobadas por el Congreso que tipifican la defraudación fiscal y la compra-venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada, cuando el monto de lo defraudado o valor de los comprobantes fiscales sea superior a los 7 millones 804,230 pesos. Estos ilícitos, considerados como amenazas a la seguridad nacional, ameritan prisión preventiva oficiosa, y sanción con dos a 9 años de prisión.

La UIF de la Secretaría de Hacienda ha presentado siete denuncias ante la FGR por el tema de outsourcing ilegal; otras 35 denuncias contra empresas fachada y 15 por facturación simulada.

politica@eleconomista.mx