En nuestro país los candidatos a gobernador erogan 10 veces más que lo permitido en el tope de campaña, recursos que se destinan principalmente para “clientelismo electoral”, advirtió el estudio “Dinero bajo la mesa”.

De acuerdo con el documento elaborado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad e Integralia Consultores, si en promedio el gasto corresponde a 46.8 millones de pesos, en realidad se ejercen 470 millones.

Sin embargo, acotó, dependiendo del tamaño del estado y el nivel de competitividad electoral, la cifra puede incrementarse, o bien, disminuir.

“Dinero bajo la mesa” destacó que entre las principales fuentes de financiamiento ilegal se encuentran el desvío de recursos públicos, financiamiento privado ilegal y recursos provenientes del crimen organizado.

Para la elaboración del documento se realizaron más de 60 entrevistas a operadores políticos, gestores de recursos, candidatos y excandidatos, empresarios, periodistas, gobernadores y exgobernadores.

En relación al desvío de recursos públicos para financiar campañas, señaló que entre las modalidades más comunes está la recaudación de efectivo en los tres órdenes de gobierno, sin que se reporte a Tesorería; generar facturas apócrifas para comprobar bienes o servicios que no se recibieron; descuento a nómina de los empleados del gobierno, y sobrecostos en obra pública.

María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, enfatizó que por cada peso reportado por los partidos políticos existen 15 pesos “por debajo de la mesa”.

“Esto está calculado a partir de los recursos para campañas a la gubernatura, particularmente del 2016 y del 2017”, refirió.

De acuerdo con el reporte de los candidatos, ellos sólo gastan 32.8% del tope de campañas; sin embargo, para las elecciones de esos años, el Instituto Nacional Electoral detectó 19% extra de gasto de los candidatos, el cual no había sido declarado.

Para las elecciones pasadas en el Estado de México, el órgano electoral detectó 170 millones de pesos que fueron gastados por los candidatos y no fueron reportados, 52.74 millones en el caso de Josefina Vázquez Mota (PAN); 50.92 millones Alfredo del Mazo (PRI); 47.43 millones Juan Zepeda (PRD), y 8.43 millones Delfina Gómez (Morena).

Entre los hallazgos del estudio, destaca que el uso de los recursos ilegales se enfoca principalmente en campañas de “clientelismo electoral” como la compra del voto, la movilización e inhibición del sufragio, pago de estrategia de campañas y cobertura mediática.

Mientras que sobre el financiamiento privado ilegal puntualizó que este esquema implica la comisión de delitos como lavado de dinero, defraudación y evasión fiscal, operaciones vía empresas fantasma y cobertura ilegal en medios de comunicación.