La Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores aprobó un dictamen en el que se desestiman las solicitudes para desaparecer los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los estados de Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz.

Con 11 votos a favor, uno en contra y una abstención, la Comisión resolvió como improcedentes las solicitudes de desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato, propuesta por el grupo parlamentario de Morena; y de Veracruz, impulsada por el PAN. Es decir, en los tres casos, gobernados por el partido opositor.

Morena fundamentó su iniciativa para desaparecer los poderes en los altos niveles de violencia que padecen en la entidad.

No obstante, en el dictamen se precisa que esta fundamentación no puede ocuparse para la desaparición de poderes en las entidades.

“Si bien en esas entidades federativas existen situaciones de violencia y deterioro de la seguridad pública, principalmente a raíz de la presencia y actuación de grupos de delincuencia organizada, no se trata de cuestiones que impliquen cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo segundo de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del artículo 76 de la Constitución”, se indicó.

El dictamen señaló que la seguridad pública es una materia que compete a los tres órdenes de gobierno, es decir, tanto a los municipios como a los estados y al mismo gobierno federal.

“En consecuencia, en ambos casos no existe referencia alguna a la situación de los poderes Legislativo y Judicial, al tiempo que, con relación al Poder Ejecutivo de las mismas, no se acreditan o actualizan las hipótesis legales”, se acotó en el dictamen.

Sobre el caso de la desaparición de poderes en Veracruz, que el PAN fundamentó en la decisión que tomó el legislativo de aquella entidad sobre la destitución de Jorge Winckler como fiscal de la entidad, el dictamen aprobado indica que tampoco es una de las causales por las cuales se pueden invocar la desaparición de poderes.

“En este caso, sin prejuzgar los hechos que se denuncian y que han generado presumiblemente un conflicto entre un órgano del Poder Legislativo local y un órgano constitucional autónomo, como lo son la Diputación Permanente y la Fiscalía General del Estado, se estima que éstos tampoco actualizan de manera ninguno de los supuestos normativos”, indicó el documento avalado por los legisladores.

El dictamen se turnó a la Mesa Directiva para que se someta a votación del pleno, lo cual se prevé sea mañana.