La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado, desde el 2010, presuntas irregularidades en el uso de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) por parte de autoridades que ejecutan dicho fideicomiso.

Dentro de las supuestas anomalías más comunes detectadas se ubica la presentación de documentación comprobatoria improcedente, incumplimiento de contrato y saldos no ejercidos; ello, de acuerdo con un documento elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En el texto titulado “Control y seguimiento del Fonden”, Función Pública señala que son frecuentes también anomalías como la comprobación deficiente de viáticos, retraso en la liberación de pagos de estimaciones, deficiencias en la integración de expedientes, falta de propuestas de los contratistas a quienes se les adjudicó la obra, incumplimiento de contrato, saldos no ejercidos, entre otros rubros.

Por ejemplo, mediante la auditoría a los Recursos Autorizados para la Atención de Desastres Naturales en el Estado de Veracruz de la Cuenta Pública 2015, la ASF detectó deficiencias en la operación de las instancias ejecutoras revisadas que incluye a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como el mismo estado de Veracruz.

En el documento la ASF explica que el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 Fonden destinó 1,883 millones 078,500 pesos para la atención de desastres naturales ocurridos en el periodo del 2010 al 2015 en el estado de Veracruz, de los cuales fueron revisados 647 millones 385,800 miles de pesos (34.4%) correspondientes a la Conagua, Sedatu y la SCT.

En el caso de Conagua, los dictámenes de adjudicación directa no acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez ni transparencia. La evidencia de entrega al Órgano Interno de Control refleja que ocho obras se reportaron con desfase de entre tres y ocho meses.

En el caso de la SCT, un contrato se formalizó ocho meses después de la ejecución de la obra y no se reportó su ejecución. Por intervención de la ASF, se aplicaron penas convencionales a dos contratistas por 261,100 pesos correspondientes a los atrasos.

Con respecto a los señalamientos de la ASF sobre los recursos ejercidos por la Sedatu en Veracruz, destaca que la dependencia no realizó la reconstrucción de viviendas con recursos autorizados en abril del 2015 por 14 millones 448,400 pesos.

En un informe aparte, que se ubica dentro del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, la ASF auditó el Fondo para la Atención de Emergencias en 20 entidades federativas donde hubo desastres naturales provocados por lluvias, nevadas y heladas severas, inundaciones, granizadas, vientos fuertes, huracán, tormenta tropical, tornado, onda cálida y sismos.

De los 2,721 millones 416,400 pesos destinados para atender emergencias naturales en Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, la autoridad fiscalizadora revisó 1,486 millones 003,400 pesos, es decir, 54.6 por ciento.

De entre las alteraciones, destacan deficiencias en el seguimiento de la emisión de los recibos de pago de los proveedores, toda vez que 10 recibos por 30 millones 474,200 pesos no contenían el domicilio fiscal del proveedor, y ninguno de los recibos se emitió a nombre de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda.

Tampoco se proporcionó la documentación que acredite la entrega a la población afectada de 1,200 colchonetas por 289,700 pesos correspondientes a una declaratoria de emergencia en el estado de Michoacán.

En tanto, el estado de Baja California Sur no proporcionó evidencia de la distribución a la población afectada de 32,043 materiales de curación e insumos para el control de vectores por 25 millones 916,000 pesos.

Entrega de artículos

El especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Kristóbal Meléndez, advierte que es en la entrega de artículos inmediatos donde existe un foco rojo de oportunidad para las conductas de corrupción.

Para la obtención de los recursos, especifica, se requieren de muchos requisitos y procesos “que lo terminan haciendo no el mejor instrumento para atender una eventualidad”.

Kristóbal Meléndez Aguilar abunda que la entrega inmediata de insumos de primera necesidad se puede prestar al mal uso, pues en situaciones de emergencia, como un sismo, su entrega se puede emplear para fines políticos.

Ante ello, dice, es recomendable tomar fotos o videos de la donación de víveres y materiales de primera necesidad para coadyuvar en la transparencia de su uso.