Las reformas aplicadas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) no frenan el desarrollo industrial, por el contrario, garantizan un mejor cuidado al medio ambiente, dijo Wilehaldo Cruz Bressant, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En diciembre pasado, el artículo 180 de la LGEEPA fue reformado, hecho que generó desconfianza en el sector empresarial, pues a decir de abogados expertos de Baker & McKenzie, debido a la ambigüedad de su definición, podría detener el desarrollo industrial.

Al respecto, Cruz Bressant afirmó que dicho artículo, el cual otorga a personas físicas o morales el derecho a impugnar cualquier acto administrativo que contravenga esta norma por afectaciones a la salud o al medio ambiente, no presenta lagunas legales.

Detalló que esta disposición no es nueva para el sector privado, ya que se lleva a cabo desde 1996 y agregó que las modificaciones se centran en el término interés legítimo, lo que permite que un mayor número de personas tenga acceso a esta ley y se promuevan las denuncias en caso de que se cometan violaciones al medio ambiente.

El temor de los empresarios ante que el abuso de esta disposición por intereses personales queda blindado, pues cada caso particular puede revisarse desde un tribunal o la propia Secretaría antes de detener un desarrollo, aseguró.

El funcionario de la Semarnat detalló que la LGEEPA está encargada de regular las facultades e instrumentos que tiene la Secretaría con respecto a la protección del medio ambiente y le da los instrumentos en cuanto a planeación, ordenamiento ecológico, así como el establecimiento y vigilancia de áreas naturales protegidas.

Además establece diversos regímenes para poder operar como el Mecanismo de Impacto Ambiental, el cual regula las condiciones paralelas a una obra, tal como los residuos peligrosos, las actividades altamente riesgosas y la interacción con la vida silvestre.

Por otro lado, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos reconoció que hace falta más facultad legal para la Secretaría, así como mayores sanciones a quienes violen las normas de protección medioambiental.

Aseguró que en el Congreso de la Unión se discute la propuesta de triplicar las sanciones a quienes no cumplan con las normativas medioambientales y confió en que el próximo periodo de sesiones logre aprobarse.

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