El exgobernador de Michoacán, exdiputado y exsenador, Leonel Godoy Rangel, quien hace más de 20 años interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la actuación del Ejército en tareas de seguridad, la cual no prosperó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), exhortó a los ministros a que en esta ocasión “hagan valer su independencia política” y eviten “que se militarice la lucha contra la delincuencia en México”.

En 1996, siendo diputado federal del PRD, Leonel Godoy acompañado de otros legisladores, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte, por considerar ilegal que los elementos del Ejército montaran retenes en las carreteras del país.

“Se debía a que en aquellos años había muchos retenes, que violaban las disposiciones de la Constitución en materia de libre tránsito, y no podían poner retenes sin la autorización de una autoridad judicial”, refirió a El Economista.

Al hacer aquel entonces una interpretación del artículo 29 constitucional, la Corte —bajo la ponencia del ministro Mariano Azuela Güitrón— resolvió la constitucionalidad de la participación del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea en auxilio de las autoridades civiles, debido a que si bien no había un estado de emergencia, existía el riesgo de que se agudizara la inseguridad pública.

después de 22 años, Leonel Godoy afirmó que la presencia militar en las calles para combatir la delincuencia y el narcotráfico se ha empañado por casos donde ha habido homicidios, como Tlatlaya o Apatzingán, por lo que los ministros deberán evaluar todo el contexto en el que se impugnará la Ley de Seguridad Interior, aseguró.

“Sería una agradable sorpresa que la Corte demostrara en los hechos en esta acción tan importante para los mexicanos su carácter independiente, porque no ha habido un solo mexicano, académico, estudioso del Derecho, organización social, que esté apoyando y que diga que esa Ley de Seguridad Interior va a ser buena para los mexicanos, para restablecer la seguridad y la paz de México”, afirmó.

Consideró que lo que está en juego en la controversia contra la Ley de Seguridad Interior, “por un lado está el evitar que se militarice la lucha contra la delincuencia en México, que es muy importante para la tranquilidad de los mexicanos. Por otra parte, está en juego el papel que le corresponderá en el Siglo XXI a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

El exgobernador de Michoacán, quien ahora milita en Morena, refirió que el acto jurídico reclamado en 1996 es diferente al que se argumentará en las acciones de inconstitucionalidad que se presenten en este mes.

“En aquel tiempo se impugnaba la participación de las fuerzas armadas como tales, y ahora lo que se impugna es que quieran actuar como policías, utilizando cateos, intervenciones telefónicas, actuando en circunstancias sin autorización del Congreso (...) El acto jurídico que se va a impugnar es la aprobación de esa Ley de Seguridad tanto por el Congreso, como por la promulgación del Ejecutivo”, dijo Godoy.

MOVILIZACIONES Y LA nueva LEGISLACIÓN

Las movilizaciones de protesta social y las que tengan un motivo político-electoral no son amenazas a la seguridad interior y se deben respetar, proteger y garantizar siempre los derechos humanos, establece la nueva Ley de Seguridad Interior, cuya vigencia dependerá del fallo que sobre su constitucionalidad emitiría la Suprema Corte.

En su artículo séptimo, la referida normatividad precisa: “Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución, los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes”.

Y en el octavo prevé: “Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad”.

Entre los argumentos de quienes se oponen a la aplicación de la nueva ley, que consideran inconstitucional y por tanto exigen su abrogación, destaca que ésta se usaría para justificar la represión contra manifestantes, sobre todo en el presente año cuando se elegirá al sucesor del presidente Enrique Peña Nieto, por eventuales alegatos de fraude electoral.

El objetivo de la referida ley es regular la función del Estado para preservar la seguridad interior y establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios al respecto.

La seguridad interior, establece en su artículo 2, es la condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en México.

Entre las acciones consideradas por la Ley de Seguridad Nacional, cuyo artículo 5 es aplicable en el caso de la Ley de Seguridad Interior, como “amenazas a la seguridad nacional”, se encuentran los “actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos”, y los relacionados con la destrucción o inhabilitación de “la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”.

preparan documento

El coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, dijo que las firmas necesarias para interponer el recurso en contra de la Ley de Seguridad se recopilarán hasta que se tenga consenso del documento entre las fuerzas del Frente.

El panista evadió indicar si se buscaría impugnar toda la ley o sólo algunos artículos específicos.

“El documento lo están preparando nuestros abogados y será un documento jurídicamente sólido, fuerte y consensuado. En ese esfuerzo estamos. En cuanto tengamos el consenso de las tres fuerzas que integramos la Coalición por México al Frente lo podremos dar a conocer, antes no”, dijo.

Cortés añadió que los senadores del Frente buscarán presentar un recurso de controversia a la par que los diputados. (Con información de Héctor Molina)