Los tiempos electorales están comprometidos. Por un lado, el Congreso ya concluyó su periodo de sesiones y, por el otro, el mes de junio es la fecha límite para promulgar reformas fundamentales en materia electoral.

Así, el país todavía no cuenta con un catálogo actualizado en el ámbito penal que combata la intromisión de la delincuencia organizada en los comicios.

El Artículo 105 de la Constitución estipula que las leyes electorales federal y locales deben promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse.

Además, el texto constitucional advierte que durante dicho proceso electoral no podrá haber modificaciones legales fundamentales . Así que para los comicios presidenciales del 2012, las reformas que quieran aplicarse deberán estar listas a más tardar a finales de junio, ya que el proceso federal arrancará en octubre próximo.

La propia Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ha reconocido que desde hace 15 años, cuando se concretó la última reforma penal electoral en el Congreso, han surgido nuevas amenazas que no contempla la ley; además de que afectan la autenticidad del voto. Y en ello incluye la creciente intromisión de la delincuencia organizada en procesos electorales.

A principios de abril del 2011, la Fepade anunció que se trabajaba con los diputados federales para la aprobación de reformas en materia penal durante el periodo de sesiones del Congreso. Cerrado dicho periodo -el 30 de abril-, las modificaciones aún no se concretan.

Actualmente, el Código Penal Federal, en su artículo 406, inciso VII, establece que se impondrá una sanción de 100 a 200 días de salario (de 5,982 a 11,964 pesos) y cárcel de uno a seis años al candidato o funcionario de partido que obtenga y utilice fondos provenientes de actividades ilícitas para su campaña electoral. Éste es el único artículo del Código que hace referencia a la intromisión de dinero ilícito y que podría vincularse a la intromisión de la delincuencia organizada.

Entre las reformas que se han propuesto ahora se encuentra tipificar como delito la participación de integrantes de la delincuencia organizada como candidatos o precandidatos; los actos de intimidación por parte del crimen; la intervención de éstos en el desarrollo de los procesos comiciales; la aportación en cualquier etapa de origen ilícito y la operación con recursos o bienes de procedencia ilegal.

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