El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción acordó que presentarán los formatos y lineamientos que se utilizarán en la declaración patrimonial y de intereses para servidores públicos antes de que concluya mayo, en una sesión extraordinaria.

Ayer, en su sesión pública en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los cinco integrantes del CPC no dieron a conocer cuáles serán los rubros que serán obligatoriamente públicos y cuál será la parte reservada en los formatos.

Alfonso Hernández Valdez, integrante del Comité, anunció que harán las propuestas en materia de confidencialidad y estarían convocando a una sesión extraordinaria.

“Estaremos en condiciones de hacer la propuesta al Comité en este mismo mes porque ya tenemos prácticamente todos los rubros revisados en materia de confidencialidad, parte (en la) que tenemos que tener mucho cuidado, y próximamente estaremos anunciando su aprobación (de los formatos)”, indicó.

En ese sentido, José Octavio López Presa dijo que esos formatos deberán ser los últimos que presentarán los servidores públicos que concluyen con su administración este año.

Añadió que la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia y diversas organizaciones han trabajado desde el pasado mes de febrero para entregar los lineamentos al CPC.

En su intervención, Irene Levy puso a consideración que dentro de los lineamientos debe existir un “apuntalamiento jurídico” para salvaguardar la seguridad y la vida privada de los funcionarios públicos en general, tal y como lo establece el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ley de comunicación social

El Comité de Participación Ciudadana aprobó recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las Naciones Unidas en busca de abrogar la Ley General de Comunicación Social por considerar que propicia la corrupción y atenta contra la libertad de expresión.

La presidenta del CPC, Mariclaire Acosta, detalló que se busca iniciar un diálogo con mecanismos internacionales, específicamente con el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y el relator especial para la Libertad de Expresión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a fin de que, cuando México se someta al examen periódico universal, los relatores que se ocupan de la libertad de expresión tengan elementos suficientes para informar las preocupaciones en la materia.

Además, exploran la posibilidad de interponer ante la Corte un recurso de inconstitucionalidad con la ayuda de la CNDH.