El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que la Secretaría del Bienestar, por indicación de la Secretaría de Salud, está llamando por teléfono a personas adultas mayores beneficiarias del programa de pensión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para preguntarles si aceptarán o no la vacuna contra Covid-19.

Sin embargo, el funcionario dijo que no se trata de un acto de uso político de la vacuna, sino que forma parte de una encuesta de preparación para el inicio de inmunización a personas de 60 años de edad y más en comunidades rurales.   

“Las llamadas que se están haciendo, efectivamente se están haciendo con base en un cuestionario que validamos en la Secretaría de Salud, cuyo propósito es informar que la vacunación para personas adultas mayores está próxima a iniciar, no este viernes como dijeron algunos.

“Toda la vacuna que llegó hoy se va a seguir utilizando para proteger a los trabajadores de la salud, todavía no empezará esta semana la vacunación para personas adultas mayores.

“Lo segundo (…) esta es una encuesta nueva con el propósito de conocer qué proporción, qué porcentaje de personas de ese universo, adultas mayores, podrían no estar interesadas en vacunarse en este momento”, explicó.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario dijo que algunos de los resultados preliminares de dicha encuesta son: 71% aceptó la vacuna y 22% indicó no aceptarla en este momento.

De quienes aceptaron, el 62% expresó que pueden movilizarse al punto de vacunación y 11% que no puede desplazarse al punto.

López-Gatell Ramírez mencionó que estos resultados le permitirán al gobierno identificar cuáles son las personas que podrían llegar a desplegarse, así como el operativo que requerirá para llegar a las casas de las personas.

El médico especialista negó que el gobierno federal haga uso electoral de la vacuna en el marco de las elecciones federales que se celebrarán este año. Argumentó que los delitos electorales ya son un delito grave, y dijo que todo abuso puede ser denunciado y castigado.

“Dada la historia de fraudes y abusos electorales que ha habido en este país por gobiernos precedentes, no es de extrañarse que haya este nivel de sensibilidad social, lo cual me parece muy importante de aversión a cualquier práctica de manipulación política o electoral de los programas gubernamentales,

“Con total certidumbre les decimos: no es el caso. La instrucción número uno del presidente López Obrador, instrucción con la que además estamos muy orgullosos la gran mayoría de los funcionarios federales, es este un programa del Estado del gobierno mexicano, el costo de la vacuna viene de lo que se paga de los impuestos y demás contribuciones, viene del tesoro nacional, no es de un partido político, no es de un grupo políticos, no es de nadie, es de todos. No debe usarse para fines distintos a los objetivos del programa.

“Los delitos electorales ya son considerados graves. Si alguien comete un abuso y una malversación de los fondos públicos para utilizarlos con otros fines, debe ser denunciado, pero no es el caso”, dijo López Gatell.

jorge.monroy@eleconomista.mx

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