En la primera sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en el año, que por primera vez sesionó con sus siete integrantes, al incorporarse María de la Luz Mijangos Borja como titular de la Fiscalía Anticorrupción Federal, se aprobó que no entren en vigor los nuevos formatos de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos anteriormente creados.

En una sesión corta, por unanimidad, los integrantes del SNA acordaron modificar el artículo segundo transitorio del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones, que estipulaba que deberían de estar en operación antes del próximo 30 de abril.

Con dicha modificación se estipula ahora que los nuevos formatos entrarán en vigor hasta que se “encuentren debidamente integrados, correctamente segmentados” y cuando sean compatibles con los actuales sistemas de evolución patrimonial y de declaraciones de intereses, que se encuentran actualmente a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Para dichas modificaciones, se dio como plazo límite el próximo 31 de diciembre del 2019, hasta entonces los funcionarios públicos deberán de utilizar los anteriores formatos.

Con los cambios, cabe destacar, también se cancela la obligación para que todos los funcionarios públicos transparenten sus declaraciones patrimoniales, que se contempló dentro de las reformas anticorrupción hace unos años y que es aplicable hasta que se aprueben los nuevos formatos.

En la sesión, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, indicó que con los formatos que se habían aprobado sólo 15% de los datos de los funcionarios públicos que actualmente se encuentran en las plataformas eran cotejables.

“De ahí la importancia de que dichos instrumentos sean funcionales, interoperables con otros sistemas y conserven la historia registral que poseemos, pues de lo contrario se corre el riesgo de convertirse en un sistema ineficiente y burocratizante”, dijo.

La titular de la SFP agregó que los formatos deben tener un equilibrio entre la cantidad de la información y la calidad, además de que deben de enfocarse en los altos mandos y el uso de recursos públicos.