El año pasado, debido a que el Congreso de Estados Unidos otorgó fondos adicionales para las unidades de investigación de crímenes transnacionales (TCIU, por sus iniciales en inglés), la Oficina de Detención y Deportación (ICE) restableció un aparato de este tipo en México, explicó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

De acuerdo con un análisis de Sarah Kinosian y Adam Isacson, de WOLA, destaca que en el 2016, las fuerzas militares y de policía de Centroamérica recibirán más ayuda estadounidense que la brindada en más de una década.

Este aumento se debe a que los países del Triángulo del Norte de Guatemala, Honduras y El Salvador están aumentando el tráfico de drogas. Ante las altas tasas de homicidios y criminalidad, la respuesta de EU ha sido reforzar la seguridad fronteriza, así como el despliegue de fuerzas de seguridad entrenadas en combate militar.

Ante ello, los especialistas cuestionan si este tipo de estrategias ha logrado mantener a las poblaciones seguras e impedir que las drogas lleguen a las calles.

Para este año, el Congreso estadounidense incluyó más de 100 millones de dólares para asistencia en antinarcóticos y vigilancia fronteriza para América Central. Asimismo, dio al gobierno más de 30 millones de dólares extra de lo que había pedido.

En general, este dinero se destinará a la formación, equipo, inteligencia, construcción de bases militares, policías y otras facetas para la detección del tráfico ilícito y el seguimiento. Una parte también apoyará las unidades militares y de policía que participan en la seguridad pública, incluyendo el apoyo de las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos.

De acuerdo con el análisis de WOLA, entre el 2012 y el 2014, el Departamento de Defensa apoyó algunas investigaciones de las TCIU y gastó 2.4 millones de dólares para soportar sus unidades en el triángulo norte.

En el 2014, las unidades de investigación de crímenes transnacionales -que hasta entonces sólo operaban en Guatemala- se expandieron a El Salvador, Honduras, República Dominicana y Colombia. Asimismo, restableció un mecanismo de este tipo en México.