Mientras el Ejecutivo federal se ha dado a la tarea de difundir las reformas estructurales como eje del desarrollo en México, éstas no tendrán éxito y serán débiles en tanto no se resuelvan los problemas de derechos humanos en el país, exhibió Amnistía Internacional (AI).

El Secretario General de esta Organización No Gubernamental Internacional (ONGI) Salil Shetty visitó por primera vez el país, motivado por los informes de graves violaciones de las garantías fundamentales, que se recrudecieron desde hace unos siete años. En el marco de su visita entregó al presidente Enrique Peña Nieto un memorándum en el que destaca que México enfrenta serios retos en materia de Estado de Derecho.

El Secretario General de AI advirtió este martes en conferencia de prensa que el gobierno de México presenta una gran contradicción entre las posturas internacionales y la forma en que reacciona a las cuestiones de derechos humanos internamente.

El presidente Enrique Peña Nieto debe pasar de mecanismos, políticas públicas y declaraciones a resultados contundentes. Ello significa para AI que comience a registrarse una verdadera reducción de violencia y se erradique la impunidad.

Para Amnistía Internacional las cosas son muy claras: no son palabras en las que confiamos, son los hechos , demandó Salil Shetty.

De acuerdo con datos reportados por esta organización, presente en más de 150 países, hace un año el gobierno federal hizo público que más de 26,000 personas fueron reportadas como desaparecidas durante la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, sin que hasta el momento se haya depurado la lista de cuáles son casos de desaparición forzada y cuáles fueron a manos del crimen organizado.

El documento reporta que miembros del Ejército y la Marina continúan implicados en violaciones a los derechos humanos en casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Si bien hay avances legislativos en materia de prohibir la aplicación de la jurisdicción militar en casos de desaparición forzada; aún quedan pendientes la implementación de la reforma al Código de Justicia Militar.

En el 2013, las autoridades detuvieron a 82,269 personas migrantes y deportaron a 75,704 de ellos; la gran mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador. Según Amnistía, los indocumentados y refugiados, continúan sufriendo abusos a manos de la policía y otras son víctimas de secuestros, trata, abuso sexual y homicidio por parte de las células criminales, que con frecuencia operan coludidas con las autoridades locales.

Los defensores de derechos humanos y periodistas son víctimas de ataques, intimidación, secuestro y ejecuciones, en represalia a su labor, y si bien fue establecido el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, más de 100 solicitantes de protección no han recibido una respuesta oportuna y efectiva.

Al respecto, Salil Shetty expuso que el gobierno federal suele desmarcarse de su obligación de Estado de proteger a los ciudadanos, argumentando que los ataques provienen del crimen organizado y el narcotráfico, sin embargo, son las autoridades las que deben garantizar su seguridad.

Pese a las medidas de apoyo enfocadas a las mujeres, la igualdad de género es una meta muy lejana. El memorándum expone que la violencia y discriminación violan las garantías fundamentales de este género y comprometen su salud y derechos reproductivos.

Tras 20 años del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, muchas comunidades indígenas en el país siguen sufriendo discriminación, además de acceso limitado a la justicia, a la salud, a la educación, a la vivienda y a la tierra.

Los intentos de reformas económicas, de crecimiento económico y tener seguridad pública no tendrán éxito y se mantendrán débiles si no se resuelven los problemas que existen con los derechos humanos en este país… Mientras no haya justicia real y tangible, no habrá ninguna percepción de mejora , expresó el Secretario General de Amnistía Internacional.

Qué hacer

Recomendaciones de AI a Peña Nieto:

  • Realizar un pronunciamiento claro de los compromisos de su administración con los derechos humanos.
  • Garantizar la búsqueda efectiva de víctimas de desaparición y llevar a los responsables ante la justicia, incluyendo a funcionarios públicos que pudieran estar implicados.
  • Garantizar la seguridad de periodistas y defensores de los derechos humanos que se encuentren en riesgo y hacer rendir cuentas a los responsables de ataques y amenazas en su contra.
  • Asegurar los derechos humanos de migrantes, incluyendo el derecho a no ser objeto de violencia. Todos los abusos en su contra deben ser exhaustivamente investigados.