El otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, que volvió al poder en el 2012 y fue duramente descalabrado en recientes elecciones regionales, determinó este viernes expulsar de sus filas a un exgobernador prófugo y suspender sus derechos de militante a otro, debido a acusaciones graves en su contra.

El expulsado es el prófugo exgobernador de 1999-2005 de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, Tomás Yarrington, acusado de delitos relacionados con drogas, por el que la fiscalía mexicana ha ofrecido unos 750,000 dólares por su captura.

El otro sancionado es Roberto Borge, exgobernador de 2011 al 24 de septiembre de 2016 de Quintana Roo, del que no se conoce su paradero y que está acusado de dejar una deuda financiera de un millón de dólares.

El PRI, que gobernó México de 1929 al 2000 y volvió al poder con Enrique Peña Nieto, tras 12 años de gobierno del conservador Partido Acción Nacional (PAN), decidió también expulsar a tres funcionarios del gobierno del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, región rica en petróleo y ruta clave de tráfico de drogas a Estados Unidos.

Duarte también está prófugo y fue expulsado de ese partido en octubre, tras ser acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Su mandato quedó marcado además por varios casos de desaparición forzada y por el asesinato de 17 periodistas.

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria determinó que Yarrington no puede ser más un militante de ese partido por "vulnerar sistemáticamente los estatutos del partido, el código de ética y cometer actos de falta de probidad durante su gestión" como "corrupción", lo que afectó "la imagen del PRI".

Y en el caso de Borge Angulo, el PRI decidió suspenderle los derechos como militante por la "gravedad" las acusaciones en su contra.

Otro exgobernador del PRI, César Duarte que gobernó Chihuahua del 2010 a octubre de 2016, podría también ser desconocido por su agrupación partidista. Se le investiga por enriquecimiento ilícito.

Elecciones próximas, telón de fondo

En las elecciones del 5 de junio pasado para las gobernaciones de 12 estados, el PRI perdió seis de las nueve que tenía, entre ellas importantes bastiones como Veracruz y Tamaulipas.

En esos comicios, el PAN ganó siete gobernaciones. Esas elecciones fueron consideradas por expertos como un termómetro político para las presidenciales del 2018.

Las decisiones del Comité Ejecutivo del PRI se registran a un semestre de las elecciones para gobernador de las demarcaciones de Coahuila (norte), Nayarit (noroeste) y el Estado de México, ésta considerada como la segunda región en importancia en términos electorales.

Pero los escándalos salpican también a al PAN, la segunda fuerza en el país. En octubre ese partido suspendió los derechos como militante al exgobernador de Sonora (noreste), Guillermo Padrés (2009-2015) por acusaciones de corrupción, y tampoco el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha estado libre de señalamientos semejantes.

Los señalamiento de corrupción alcanzan también al presidente Enrique Peña Nieto desde que se conoció al inicio de su mandato en 2012 que su esposa compró una mansión de 7 millones de dólares a un contratista del gobierno, al igual que el entonces ministro Luis Videgaray, quien compró a otro contratista una mansión de 7.5 millones de dólares.

De acuerdo a una encuesta de la firma Mitofsky, hasta agosto de 2016 los reclamos de la ciudadanía a Peña Nieto estaban encabezados por la inseguridad, seguida de la corrupción y la pobreza.

Según sodeos del diario Reforma, la desaprobación de Peña Nieto alcanza un 74% frente a un 23% de aprobación.