El proceso legislativo para descriminalizar y regular la marihuana en México presenta deficiencias que deben subsanarse en la Cámara de Diputados. Lo aprobado hasta ahora no despenaliza la posesión; podría generar que el negocio quede en pocas manos, debido a una sobrerregulación y carece del enfoque social, que fue uno de los argumentos para legislar.

Según especialistas consultados por El Economista, el dictamen aprobado por el Senado de la República, el 19 de noviembre pasado, mediante el cual se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, queda a deber porque habilita un mercado regulado de marihuana con tres vías de abastecimiento, pero no la saca de la lista de sustancias prohibidas de la Ley General de Salud y no despenaliza su posesión.

¿Qué cambió?

Descriminalización, no despenalización o legalización. De acuerdo con la minuta enviada a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo, las personas que porten cantidades menores van a continuar con la amenaza de ser perseguidas por la policía para ser presentadas ante un ministerio público y sancionadas con cárcel.

Es más, de ser aprobado por la Cámara de Diputados en los términos en que fue aprobado el dictamen en el Senado, además podrán ser sujetos de un régimen administrativo que contempla una serie de multas que les podrá imponer la autoridad si no cuentan con el permiso de la instancia sanitaria.

Eso se debe a que las comisiones dictaminadoras del Senado optaron por la descriminalización de la marihuana con el objetivo de impactar en los delitos relacionados con el consumo y posesión del cannabis, pero remitiendo a la materia administrativa las sanciones que habrán de imponerse a quienes incurran en determinados comportamientos o actos que se descriminalizan.

El mismo dictamen destaca que eso no debe confundirse con una despenalización, que implica la eliminación o disminución de las penas de prisión, aunque la conducta relativa al consumo o portación del cannabis siga siendo un delito.

Tampoco se trata de una legalización, lo cual implica la eliminación total del ámbito del derecho penal de cualquier delito relacionado con alguna de las actividades inherentes al cannabis.

Con la reforma se establece que, en aquellos casos en los que una persona esté en posesión de más de 28 y hasta 200 gramos de cannabis psicoactivo, sin las autorizaciones a que se refiere esta ley y la Ley General de Salud, será remitido a la autoridad administrativa competente y se le impondrá una multa, en tanto que, la portación de más de 200 gramos sin la autorización correspondiente implica una conducta sancionada en el ámbito penal.

De acuerdo con Tania Ramírez, directora del programa de Política de Drogas de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), a pesar de que se modificaron los umbrales de posesión, se mantiene el cannabis en la lista de las sustancias prohibidas.

También persisten delitos en el Código Penal Federal, a pesar de que hay un mercado regulado que, en teoría, va a permitir el autocultivo, los clubes cannábicos y la venta al menudeo.

La siembra y cultivo sigue estando penalizada, pero, al mismo tiempo, se van a poder tener licencia para siembra y cultivo para un mercado regulado.

La ley autoriza importación y exportación, pero, al mismo tiempo, las prohíbe.

En ese sentido, Lisa Sánchez, especialista en la materia, subraya que las modificaciones al Código Penal destacan penas más altas para el delito de narcomenudeo de entre 201 gramos y 28 kilos (quedaron en más de 15 años), que las penas de 28 kilos o más (que quedaron en más de 10 años).

Lo relevante del asunto, según Ramírez, es que el nuevo marco legal que se construye en el Congreso, a partir de la dictaminación de 17 iniciativas y después de una serie de foros en la que participaron especialistas y activistas sociales interesados en el asunto, mantiene las sanciones al cultivo y al consumo que actualmente hay en el Código Penal.

Pero hay más, de ser aprobado en los términos que señala la minuta enviada desde el Senado al recinto de San Lázaro, la regulación conviviría con un régimen de prohibición penal, al que se le sumaría sanciones administrativas que pueden pesar sobre los usuarios que porten más cantidad de lo permitido o que no cumplan con los requisitos que establezca el instituto para adecuar sus viviendas para consumir.

Mientras se abre la posibilidad de crear una cadena de valor alrededor del cannabis, la criminalización sigue pesando sobre las personas usuarias y sobre las que cultiven la hierba.

En opinión de la especialista, debe de armonizarse el Código Penal con la Ley General de Salud.

Lo delicado es que, como se establece un límite de portación y posesión arbitraria, se creó un margen para malas prácticas policíacas y ministeriales que pueden dar pie a casos de corrupción en contra de los consumidores, poseedores y portadores. Hay todavía margen para la extorsión, y criminalización.

Abastecimiento

A diferencia de lo que ocurre actualmente, que no existen vías para que los consumidores de marihuana adquieran el producto, en cuanto se apruebe este paquete legislativo y se promulgue, lo podrán hacer a través de tres vías de abastecimiento.

La primera es el autocultivo en casa, con un máximo de seis plantas por persona, si sólo hay un adulto en la vivienda o hasta ocho plantas si hay dos personas consumidoras o más.

La segunda es a través de clubes cannábicos de dos y hasta 20 miembros. Tienen prohibido vender o regalar algún producto cannábico a otras personas que no pertenezcan al club.

Hay una tercera y es a través de compra en puntos de venta al menudeo, autorizados con licencias específicas para ello, con base a los requisitos que emita el Instituto Mexicano de Regulación Control de Cannabis, que será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud y con participación de otras dependencias del gobierno federal.

Para la operación de establecimientos de venta al menudeo se establecen regulaciones para que las empresas que lo deseen puedan entrar al mercado.

Se establece un sistema de cinco licencias para el cultivo, transformación, comercialización, exportación e investigación.

En los últimos minutos del proceso legislativo en el Senado, cuando la iniciativa ya estaba en el pleno, se quitaron una serie de candados que establecían restricciones para que el mercado no pudiera ser controlado por unos cuantos jugadores. Eso fue juzgado por quienes se dieron cuenta como una acción desaseada.

Concretamente, se preveía que, de las cinco licencias, tres eran excluyentes de las demás, con lo cual quien tuviera una de ellas no podía tener otro tipo de licencia. Era con el objetivo que no se concentraran en un solo jugador diferentes etapas del mercado y no se dieran fenómenos de monopolios u oligopolio.

Por ejemplo, que quien siembra no pueda transportar y distribuir con el fin de que no pueda hacer un conglomerado comercial de esos productos. De último momento se eliminó en el pleno al mismo tiempo que estaban votando.

Sobrerregulación

De acuerdo con la organización civil México Unido Contra la Delincuencia, si no se hacen en la Cámara de Diputados ajustes a la minuta enviada por los senadores, se corre el riesgo de que la comercialización de los productos cannábicos quede en pocas manos y particularmente en empresas grandes que sí puedan cumplir con la sobrerregulación y el capital necesario para invertir.

Si pasa como está, las primeras empresas en entrar serán aquellas que ya tienen toda la infraestructura que la ley pide como contar con mecanismos para la trazabilidad genética de las semillas y testeo, que son sistemas que ya operan en Estados Unidos y que son mecanismos complejos y caros.

Con esas barreras de entrada se pone todo en la mesa para que sean las grandes empresas quienes entren primero y quizá sean las únicas en beneficiarse, destacó Ramírez.

Por ejemplo, se establece que las semillas que utilicen los productores tienen que ser de origen legal, lo cual quiere decir que tienen que ser importadas de bancos registrados. En México hay mucha semilla, pero ninguna registrada, ni bancos en la materia de esos productos.

Además, deberán cumplir requisitos de trazabilidad genética con marcadores genéticos de tal manera que sea posible saber desde donde se cultivó la planta, hasta quien la consume.

También tienen que cumplir con una serie de requisitos de empaquetados como usar materiales biodegradables, inviolable para menores de edad, entre otras disposiciones que nadie ve mal.

Quien quiera cultivar, tendrá que pedir una autorización a la autoridad sanitaria; los consumidores tienen que adecuar su casa con base en requisitos no establecidos en la ley y tendrán que permitir a la autoridad administrativa a realizar verificaciones. Eso abre un margen para la hipervigilancia de las personas.

Además, si la autoridad administrativa nota algo inmediatamente lo va a reportar al ministerio público, lo cual abre un margen de criminalización y de extorsión.

Las especialistas señalan que todos esos candados lo que ocasionarán es que tanto cultivadores, vendedores y consumidores tendrán pocos incentivos para pasarse de la ilegalidad a la legalidad, lo cual ocasionará que se mantenga un mercado gris casi intacto.

Olvidaron la justicia social

Según lo expuesto por diversas organizaciones de la sociedad civil, la minuta en manos de los diputados carece de un enfoque de justicia social, pues lo aprobado en el Senado ignora a las familias que actualmente, ya sea por situación de pobreza o sometimiento por grupos delictivos, cultivan la droga. Las pone a competir, en las mismas condiciones, con las empresas nacionales o extranjeras con capital para invertir en el negocio.

Eso constituye una barrera de entrada al mercado, porque estos grupos vulnerables no van a tener, ni el dinero, ni asesoría, ni capacitación legal o apoyos para competir con empresas. Eso se debe a que, de última hora, se borraron los candados para impedir que el mercado fuera capturado por unas cuantas empresas.

También, de última hora en el Senado, se aprobó vender comida y bebida chatarra que contengan cannabis.

Si no se corrigen esas situaciones en la Cámara de Diputados este proceso legislativo podría pasar como una oportunidad histórica perdida, aseguran especialistas consultados.

En opinión de la diputada perredista, Verónica Juárez Piña, lo legislado hasta ahora no atiende las demandas de diversas organizaciones civiles en materia de seguridad, derechos humanos y de consumidores, especialistas y organismos del ámbito médico y científico, que han venido planteando que para que una legislación garantice el derecho al libre desarrollo de la personalidad, permita combatir la adicción y la violencia provocada por el narcotráfico que se beneficia con la comercialización de la marihuana, y ayude a la atención a la salud de los consumidores, debe tener un enfoque integral.

Desde su perspectiva, el enfoque prohibicionista respecto del consumo de estupefacientes que México ha adoptado y que prevalece en la ley aprobada, “ha sido un fracaso rotundo y evidente, que ha causado muchísimos más daños a la salud, a la seguridad y a la paz social, que los que quiso corregir.

En tanto el senador Emilio Álvarez Izaca celebra los avances, pero llama la atención que el presupuesto para 2021 no contempla presupuesto para Instituto Mexicano de Regulación Control de Cannabis lo cual no es menor “con el austericidio” que practica el actual gobierno.

Como sea, la minuta está en la Cámara de Diputados, donde entre otros asuntos se deberán construir los consensos para establecer los impuestos a esta naciente industria en proceso de descriminalizar.

diego.badillo@eleconomista.mx