La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que adiciona un artículo 48 bis a la Ley de Migración.

En ese agregado se establece que no podrán salir del país las personas que, en su carácter de deudoras alimentarias, dejen de cumplir con las obligaciones que impone la legislación civil por un periodo mayor de 60 días.

El documento destaca que de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) entre 2009 y 2010 se registraron en promedio 85,172 divorcios en el país.

Se estima que en 31,797 de esos casos no se cumple con la obligación de dar una pensión alimenticia a la persona que legalmente tenga el carácter de acreedor alimentario.

En los artículos 301, 302, 303 y 304 del Código Civil Federal se determina que la obligación de dar alimentos es recíproca, es decir cónyuges y concubinos deben darse alimentos y los padres a sus hijos.

La ley estipula que la pensión alimenticia no sólo comprende la comida, sino también el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad.

En el caso de los menores de edad ese beneficio también comprende gastos de educación y aquellos necesarios para proporcionarles un oficio, arte o profesiones honestos.

El resolutivo busca minimizar la evasión de la responsabilidad en materia de alimentos de parte del deudor, ya que al pretender viajar al extranjero existe la posibilidad de que cuente con recursos económicos necesarios para no dejar de cumplir con esa obligación.

De igual manera se busca velar por los intereses de los acreedores alimentarios, específicamente los menores de edad, quienes se ven perjudicados con un acto completamente ajeno a su voluntad, como es la negativa de cumplimiento de los obligados al pago de alimentos derivado de la disolución del vínculo matrimonial de sus padres.

Aclara que esa limitante no resulta violatoria de las garantías individuales del deudor alimentario, pues la medida sería aplicada por una autoridad judicial, lo que permitiría su plena defensa legal y acceso a medios de impugnación previstos en las leyes.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios además aprobó puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que se amplíe el espacio de internación a los espacios fronterizos.

De igual forma los beneficios del Acuerdo que tiene por objeto establecer las reglas conforme a las cuales se otorgarán facilidades migratorias a los visitantes locales guatemaltecos .

Pide al Ejecutivo que, por conducto de la Secretaría de Gobernación, realice un análisis de la viabilidad y la conveniencia de eliminar el requisito de visa a Guatemala, Honduras y El Salvador para internarse a territorio nacional.

Argumenta que la aprobación de esos puntos de acuerdo fortalecería los lazos de amistad, el comercio y, en consecuencia, la economía de la frontera sur del país.

JSO