La Cámara de Diputados aprobó en la sesión ordinaria de este jueves, por unanimidad de 437 votos, eliminar las partidas secretas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

La reforma, que pasó al Senado para su discusión, modifica la fracción IV del artículo 74 de la Constitución mexicana 

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo Martínez (Morena) enfatizó al presentar el asunto ante el Pleno de la Cámara baja que en el análisis de la iniciativa que fue presentada por su correligionario Pablo Gómez se encontró que la fracción que se reforma del artículo 74, está en conflicto con el artículo 126 constitucional, el cual indica que no se podrá hacer pago alguno que no esté comprendido en el PEF. 

En este sentido, cabe precisar que la fracción IV del artículo 74 indica en la actualidad que: “No podrá haber otras partidas secretas, fueras de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del presidente de la República”. 

En tanto que la reforma aprobada en San Lázaro propone que la misma fracción indique que “no podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

“La reforma implica un gran cambio de fondo, en cuanto a que pone por delante los principios de máxima publicidad sobre los recursos públicos y destierra del orden constitucional la posibilidad de que haya previsiones de gasto con carácter secreto.

“Fortalece las atribuciones constitucionales exclusivas de la Cámara de Diputados en materia presupuestaria y se enmarca en el principio de control y fiscalización de los recursos de la federación. Elimina gastos discrecionales, a través de las partidas secretas en el presupuesto, como parte del control y fiscalización del gasto e ingreso público que debe privar en cualquier democracia”, indicó la diputada Carrillo Martínez.

Por su parte, el diputado del PRD, Marco Antonio Adame Castillo, criticó que la reforma no atacará el problema de utilizar los recursos públicos con fines clientelares.

“La reforma que se propone prohibiéndolas de manera expresa no resolverá el problema del ejercicio clientelar del gasto público ni tampoco de la falta de transparencia de su ejercicio.

“En los apenas cuatro meses que tiene este sexenio, de la manera más burda y cínica, el dinero destinado a comprar clientelas se regala como bondadosa dádiva entre los más necesitados, abusando de las necesidades más básicas de la población, arropando la pobreza desde el hálito de su perpetuación a través de la bondad de la figura presidencial.

“Para comprar estas clientelas electorales han desaparecido el Instituto del Emprendedor, el Consejo de Promoción Turística y han aglutinado el ejercicio del gasto de la Secretaría de Hacienda. No para evitar la corrupción, sino para centralizarla y controlarla”, afirmó Adame Castillo.

En tanto la diputada de Movimiento Ciudadano, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, indicó que se estima que entre las décadas de los 80 y 90 los presidentes de la República utilizaron de manera discrecional 1,342 millones de dólares. 

“Estamos convencidos que es fundamental que el Presupuesto de Egresos esté blindado con la finalidad de que atienda realmente las necesidades del país y de su gente, en lugar de los caprichos y ambiciones de los gobiernos que han pasado y, posible, del que está en turno”.