Si bien el combate a la corrupción se ha convertido en una prioridad para la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, aún no hay avances concretos para reducir los niveles de ese flagelo en México, opinó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana (TM).

En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, el director del capítulo mexicano de Transparencia Internacional indicó que, pese al impulso presidencial, aún las investigaciones por el flagelo no tienen un norte claro.

“Todavía no hay sanciones, ni redes (de corrupción) desmanteladas, y los recursos que están congelados aún no regresan a las arcas de la nación”, comentó a El Economista.

En este sentido, cabe recordar que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que, derivado de indagatorias sobre casos de cohecho, se han congelado recursos económicos por unos 1,415 millones de pesos desde el inicio de la administración de López Obrador.

Bohórquez añadió que ha quedado claro que la corrupción es “un delito económico que opera en red” más que un caso cultural, al tiempo que precisó que en casos emblemáticos de corrupción para la región de América Latina, como el de Odebrecht y los sobornos que presumiblemente proporcionó a funcionarios mexicanos, “han quedado impunes”.

Por otra parte, Bohórquez mencionó que lo destacable en el primer año de la Presidencia es que en el combate a la corrupción se han sumado instituciones financieras a nivel federal.

“Lo positivo, hay un respaldo social al presidente, un nuevo enfoque que incorpora a la UIF, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República”, puntualizó el directivo de Transparencia Mexicana.

Los retos en los estados

Indicó que donde se debe poner énfasis es en la construcción de capacidades para prevenir y combatir la corrupción a nivel local.

“El otro reto es en las entidades federativas. Todavía no se sancionan casos como el de (Roberto) Borge en Quintana Roo y (César) Duarte en Chihuahua, y quedaron impunes casos como la red criminal de Rodrigo Medina en Nuevo León”, refirió.

Cabe recordar que en el caso de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, recientemente la fiscalía anticorrupción de aquel estado lo acusó de la venta irregular de terrenos en posesión del gobierno del estado durante su mandato, que concluyó en el 2016. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido de su detención, que se suscitó en junio del 2017 en Panamá, aún no hay una resolución.

En el caso de la César Duarte, exgobernador de Chihuahua es todavía perseguido por la justicia mexicana, sin que hasta ahora se haya logrado su detención. En septiembre pasado transcendió que probablemente el exgobernador, emanado del PRI, se encontraba en Estados Unidos.

Mientras, en el caso de Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, las acusaciones vertidas en su contra al inicio de la administración del gobernador Jaime Rodríguez, el Bronco, no han avanzado. De hecho, la unidad dentro de la Fiscalía General de Nuevo León que abrió las acusaciones en su contra desapareció.

Mejorar el Estado de derecho

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció por fortalecer el Estado de derecho en México, además de implementar la Plataforma Digital Nacional, contemplada como parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Resulta indispensable abrirle paso a una cultura de la legalidad y de combate efectivo a la impunidad, que garantice plena vigencia del Estado de derecho en México”, indicó la CNDH mediante un comunicado, como parte de su pronunciamiento en el Día Internacional contra la Corrupción, este 9 de diciembre.

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