El “uso arbitrario del derecho” por parte de funcionarios públicos para amedrentar a periodistas para que dejen de publicar información ha venido en aumento en los últimos años, advirtió Gabriela Castillo Garduño, abogada del área de Protección y Defensa de Artículo 19.

En entrevista expuso que esta “violencia institucional” se hace valer del derecho penal para utilizar los delitos contra el honor, mientras que por la vía civil el daño moral busca generar crisis patrimoniales en comunicadores y medios a través de la exigencia de millonarias cantidades como reparación.

Destacó que en sólo en ocho entidades —Campeche, Colima, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Yucatán y Michoacán— permanece la tipificación de los delitos contra el honor (calumnias, difamación e injurias), mismos que ponen en riesgo no sólo la libertad de expresión sino la integridad de los periodistas que son acusados.

“En el derecho civil son las demandas por daño moral; el problema es que es un tema totalmente subjetivo de parte de quien está demandando, porque además entra en juego la parte social de la libertad de expresión, ya que se parte de discursos protegidos, aun cuando sean chocantes, que tengan un interés público de por medio”, dijo.

Castillo Garduño destacó que desde Artículo 19 han observado que en los últimos años, funcionarios públicos han demandado a periodistas por la publicación de información, aun y cuando los funcionarios “tienen un umbral de protección menor” ya que se presume que sus actos son de interés público.

“Además de que la calidad de quien demanda es de funcionario público; otro aspecto importante es (que como) tema civil se demanda para obtener cierta indemnización por el daño que supuestamente se sufrió y las cantidades son exageradas”.

Son cifras, detalló, que ponen en crisis la estabilidad del medio y se hacen con esa intención, no es una demanda normal, va con la intención de afectar tanto económicamente como mentalmente a los periodistas.

En materia penal refirió que cuando los casos llegan al Poder Judicial, el análisis se centra en el principio de taxatividad, es decir, la precisión de la descripción del delito, el sujeto al que se dirige y la conducta a sancionar, por lo que si tiene fallas en su redacción éste se declara inconstitucional.

“Es un argumento meramente formal, no atiende el fondo que es por qué esos delitos están afectando la libertad de expresión”, dijo.

El problema, refirió, de este tipo de discusiones es que se declaran (inconstitucionales) los delitos por no estar bien redactados, y eso tiene una solución, mandarle el delito al legislador para que lo redacte bien, con lo que lo perfeccionan, se queda en el ordenamiento jurídico y se aplica a periodistas y ciudadanos.

En este sentido Castillo agregó que desde los Congresos locales se deben presentar iniciativas para discutir y derogar los delitos contra el honor o bien, desde el Poder Judicial estudiar el fondo del asunto y decretar la inconstitucionalidad del delito por su afectación a la libertad de expresión.

Expediente Javier Valdez

El caso del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, ocurrido en Sinaloa en mayo del año pasado, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no lo ha cerrado, debido a que se continúan los trabajos para identificar al “autor intelectual” del crimen, aunque ya existan tres identificados, dos vinculados a proceso por los hechos y otro más que fue asesinado en un penal de Sonora en el 2017, como los autores materiales, informó el fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.

En una plática informal, el titular de la FEADLE de la Procuraduría General de la República, comentó que la ejecución de Valdez Cárdenas fue ordenada por alguien de un grupo delictivo sinaloense, pero se negó a precisar si fueron los Dámaso, porque eso se hará “cuando se tenga nombre y apellido y se haya detenido”.

Sánchez Pérez del Pozo explicó que el caso se encuentra en su segunda etapa y se han aplicado todos los recursos tecnológicos y de la Agencia de Investigación Criminal, además se han revisado más de 5,000 notas periodísticas, unas realizadas por el propio periodista y otras sobre el entorno publicadas en otros medios, y esto dio certeza que su muerte fue a “causa de su trabajo” periodístico.

Recordó que actualmente la FEADLE se encuentra en la etapa de “investigación complementaria” y los sujetos a proceso son: Heriberto Barraza Picos, el Koala, y Juan Francisco Picos Barrueto, el Quillo, además de Luis Idelfonso Sánchez Romero, el Diablo, quien estando preso fue asesinado en una prisión de Sonora, y son los tres que participaron en la ejecución directa del crimen, según la indagatoria.

Pero reiteró que hay un “autor intelectual”, que es en lo que se trabaja, y sigue abierta la investigación; lo que se busca es “conocer la cadena del grupo delictivo para saber quién dio la orden, porque sí la hay, pero no podemos hacer inferencias en este caso que ha sido complejo”, añadió el responsable de la FEADLE, que sigue siendo cuestionado al no haber sentencias sobre crímenes contra periodistas.

Gira por Baja California Sur

Refiere EPN frente común vs delitos

En Baja California Sur —afirmó el presidente Enrique Peña Nieto—, el “frente común’’ que hicieron los gobiernos estatal y federal para atender retos y desafíos particulares permitió, entre otros logros, combatir la inseguridad y disminuir la comisión de delitos.

“Como lo es ahora el tema de combate a la inseguridad, en donde las cifras creo que registran un resultado muy exitoso y favorable de lo que ha sido el operativo Escudo Titán, que ha permitido la conjunción de esfuerzos y el abatimiento, realmente muy significativo, en la disminución de la tasa delictiva que tiene Baja California Sur’’, dijo.

Al inaugurar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Paz y la presa La Palma, el titular del Ejecutivo federal aseguró que, sin duda, las condiciones de seguridad en aquella entidad federativa “hoy son mucho mejores’’ a las de hace apenas algunos años.

Peña Nieto destacó que todas las obras concluidas y “logros de su administración” —95% de los compromisos asumidos en campaña ya se cumplió, informó— tienen un sólo objetivo: “potenciar la capacidad de crecimiento y de desarrollo”.

Se dijo convencido de que “Baja California Sur va a seguir teniendo crecimiento y desarrollo, porque está la ruta trazada”. (Rolando Ramos)

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