Organizaciones defensoras de la libertad de expresión exigieron a las autoridades de Morelos y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas proteger a comunicadores y analizar el riesgo en el que se encuentran, luego de recibir amenazas tras dar cobertura al ataque armado en el zócalo de Cuernavaca, en el que fueron asesinadas dos personas la semana pasada.

De acuerdo con Artículo 19, Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas, entre otras, desde esa fecha periodistas que estaban ese día cubriendo una manifestación de grupos sindicales han sido amenazados a través de mantas y llamadas telefónicas.

“La mañana siguiente (9 de mayo) aparecieron cartulinas en las colonias Altavista y Tabachines, en la misma ciudad, con mensajes presuntamente provenientes del crimen organizado: ‘(quienes) declaren en contra de inocentes serán trozados. Va también para los periodistas chismosos’”, manifestaron.

Luego de que el 10 de mayo un juez de control dictó prisión preventiva contra el presunto atacante, en la madrugada del siguiente día en Cuernavaca y Temixco se localizaron dos mantas supuestamente del crimen organizado en las que amenazan a los periodistas, principalmente a los que fueron testigos de la agresión que dejó dos muertos y dos heridos.

“Y a los reporteros y periodistas fíjense en lo que hablan y a quién señalan porque van a empezar a rodar cabezas”, amenazaron en las mantas.

Las organizaciones enfatizaron que los periodistas que estuvieron durante la cobertura de la agresión en el zócalo de Cuernavaca “se encuentran en alto riesgo y es obligación del estado tomar medidas urgentes para que este riesgo no se materialice”.

Incluso Artículo 19 detalló que una reportera les manifestó haber recibido una llamada en la que la amenazaron con contar con imágenes desde diferentes ángulos de su presencia durante el ataque armado del 8 de mayo.

Por ello se sumaron CIMAC y Periodistas de a Pie a la exigencia de las organizaciones al gobierno de Morelos para dar cumplimiento a su obligación de mantener condiciones idóneas para el ejercicio periodístico en toda la entidad, así como proteger a los trabajadores de los medios cuyas vidas e integridad estén en riesgo.

Sobre las amenazas, demandaron que se investiguen bajo el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, con el fin de sancionar a los responsables y asegurar la no repetición.

Mientras que al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas le exigieron contactar a los comunicadores que estuvieron presentes el día del ataque, analizar el riesgo al que se enfrentan y dar las medidas de protección correspondientes.

[email protected]