Organizaciones de la sociedad civil cuestionaron los avances del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) al exponer que no se ha arrojado resultados como se presumía desde el 2008, cuando entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia.

María Elena Morena de Causa en Común, Isabel Miranda de Wallace de Alto Al Secuestro, Alejandro Martí de México SOS y Francisco Rivas de Observatorio Ciudadano comentaron a El Economista que desde la puesta en marcha el nuevo sistema oral o adversarial a nivel nacional, los resultados han sido contraproducentes, ya que no sólo es percepción que los delincuentes tienen más derechos que las víctimas.

A seis meses de su implementación, el sistema de Justicia Penal, ha sido definido como garantista al 100%, incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los 32 Tribunales Superiores de Justicia del país.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), exponen que 95% de los casi 2 millones de delitos que se cometen al año en todo el país son del fuero común y 5% del fuero federal, las nuevas normas de conciliación no arrojan justicia como se presumía desde el 2008, según los representantes de esas organizaciones.

Dichas organizaciones también estiman que la reforma no sólo es para impartir justicia, sino para reparar el daño de víctimas de homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo con violencia o violación, y destacan que con las actuales corporaciones policíacas preventivas e investigación del país, incluida la Procuraduría General de la República (PGR), no están dando resultados.

María Elena Morena, Isabel Miranda de Wallace y Francisco Rivas comentaron por separado que para el próximo año se espera que haya avances, ya que a seis meses de fijar un camino para impartir justicia, los índices de criminalidad que reportan Inegi o SESNSP no son satisfactorios y han generado cuestionamientos.

rtorres@eleconomista.mx