La Suprema Corte de Justicia estudia establecer límites a las peticiones de buscar en tiempo real un dispositivo móvil que se vincule con actividad de la delincuencia organizada sin orden judicial, solicitadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y procuradurías estatales.

Durante el tercer día de debate de la discusión sobre el recurso de inconstitucionalidad, presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en contra de las reformas a la ley de telecomunicaciones que permite el rastreo de la señal de equipos móviles, ocho de los 11 ministros del Pleno de la SCJN están en favor del proyecto presentado por la ministra Margarita Luna Ramos, el cual establece declarar la constitucionalidad de dichas normas.

Sin embargo, cuatro de los jueces solicitan una interpretación conforme; es decir,establecer condiciones para su aplicación. Los otros cuatro ministros se inclinan por aprobar la propuesta tal como fue presentada.

El ministro Arturo Zaldívar expuso a la ministra Luna Ramos que toda invasión del derecho a la privacidad requiere orden judicial. Conforme a los criterios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la SCJN, sólo puede prescindirse de tal orden en casos de urgencia; esto cuando se pone en riesgo la vida o integridad física de las víctimas de delito, o exista riesgo de que se oculte o desaparezca el objeto del delito.

Las normas impugnadas son constitucionales si, y sólo si, se interpreta que las mismas tienen aplicación únicamente en estos supuestos de excepción, lo cual deberá estar suficientemente motivado por la autoridad , argumentó Zaldívar Lelo de Larrea.

Ante ello, la discusión sobre la llamada ley de geolocalización basada en los artículos 133 quater del Código Federal de Procedimientos Penales, 16 fracción primera apartado a y 40 Bis, de la ley federal de telecomunicaciones se aplazó hacia el jueves, sesión en las que se discutirán las propuestas sobre la interpretación conforme.

El ministro presidente, Juan Silva Meza, advirtió que los delitos contra la salud, secuestro, amenazas o extorsión, o de delincuencia organizada, atentan seriamente en contra de las instituciones democráticas y justifican que el Estado, bajo el principio de debida diligencia, utilice los medios adecuados para proteger la integridad de las personas que sufren o son susceptibles de sufrir esos crímenes.

El ministro José Ramón Cossío, quien está en contra de la propuesta, declaró que el hecho de que el espectro radioeléctrico sea un bien público para fines de explotación y concesión no significa que el mismo pueda ser intervenido de manera abierta por particulares y autoridades.

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