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Correcta aplicación del SNA, para reducir impunidad
El SNA coordina a actores sociales y a autoridades con el fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción.
La fuerza que compactó el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el Congreso de la Unión, podría permitir que la Fiscalía Anticorrupción y los tribunales especializados no queden rebasados o truncos en su capacidad de respuesta a las demandas de combate a la corrupción, estima un análisis del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales (Cepolcrim).
El estudio “Agenda 2018-2024 en Materia de Política Criminal, Justicia Penal y Seguridad Pública’’, elaborado como diagnóstico para quienes aspiraban a la Presidencia de la República, expone que es innegable que el grado de corrupción que existe en México es muy alto, así como los costos que ella representan, lo que fue asimilado por los votantes en contra de algunos partidos políticos.
En el capítulo: “Estrategias Político-Criminales para Combatir la Corrupción”, revisado por El Economista, se considera que “el marco jurídico por sí mismo no es suficiente para resolver el problema, particularmente en las condiciones de debilidad institucional que permean en la mayoría de las dependencias e instituciones gubernamentales del país, que hace que sus objetivos se queden truncos’’.
El Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales (Cepolcrim) estima que el nuevo sistema de justicia penal, el cual inició su desarrollo durante la administración del panista Felipe Calderón y se fue implementando hasta la actual administración del priista Enrique Peña Nieto, también “corre el riesgo de colapsarse, es decir, la Fiscalía Anticorrupción y los tribunales especializados, si no se cambia de actitud y se persiste combatir el flagelo exclusivamente con el discurso”.
En ese sentido el análisis considera que el objetivo fundamental de cualquier nuevo programa que sobre la “materia se establezca, tiene que procurar que el recién creado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) efectivamente reduzca la impunidad y, consecuentemente, también reduzca los actos de corrupción en la cual los integrantes de las instituciones sean parte de un nuevo diseño institucional”.
