La titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, informó que la dependencia presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una serie de argumentos jurídicos entre los que destacan un mecanismo de audiencias públicas y participación abierta.

Durante su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), para presentar su informe de labores, hizo un llamado a la defensa de la Constitución de la Ciudad de México y explicó que solicitará a los ministros de la SCJN adoptar un mecanismo de audiencias públicas y participación abierta a grupos, instancias y organizaciones que han expresado su interés por el debate que se desarrollará en el máximo tribunal sobre el alcance en materia de derechos humanos reconocidos en la Carta Magna.

Defendamos lo que hemos conseguido y trabajemos para continuar construyendo una ciudad, en donde el ejercicio pleno de los derechos humanos sea una realidad .

Indicó que en un debate sobre los derechos humanos, garantías y sobre las obligaciones de las autoridades para su protección, se debe involucrar a todos los sectores de la población.

Gómez Gallardo también planteó que la Comisión emitirá una propuesta general de un Nuevo Modelo de Reinserción y Reeducación Penal para la Ciudad de México, que se basa en las condiciones reales, en las cuales se encuentran los centros penitenciarios en la capital y formulando propuestas concretas para un nuevo rediseño institucional.

Este tema será abordado, de manera integral, antes de que concluya este 2017.

Asimismo, informó que en el 2016 la Comisión registró 8,196 expedientes de quejas, de las cuales 7,930 fueron calificadas como presuntamente violatorias de derechos relacionados con la Seguridad Pública y la Procuración de Justicia.

La titular de la CDHDF agregó que también se registraron quejas en el sistema penitenciario y la administración de la pena, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, donde hubo violaciones, afectaciones a personas y grupos de población en situación de vulnerabilidad, además de los laborales.

Refirió que este organismo emitió 17 recomendaciones que integran 160 expedientes y reconocen a 448 víctimas; las recomendaciones fueron dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas del gobierno capitalino.

Destacó que en la lucha contra la impunidad se incorporaron 140 procedimientos de investigación de responsabilidades administrativas y penales, que involucran a servidores públicos.

Como consecuencia de los procedimientos, indicó que se registraron 30 sanciones, entre arrestos, destituciones, suspensiones o inhabilitación.

Contralor de la Ciudad de México

En tanto, durante su comparecencia ante el Pleno de ALDF, el contralor General de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, destacó que la labor de la dependencia responde al derecho de las personas de conocer el correcto uso de los recursos públicos en beneficios del interés general.

Destacó la importancia de que actualmente se encuentren plasmados en la Constitución diversos principios, entre los que están la rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, el derecho a la buena administración pública, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación.

Rovelo Pico informó que en la Contraloría General están trabajando y se encuentran listos para enfrentar los retos de participar en los Sistemas Anticorrupción y de Fiscalización de la CDMX, ambos de inminente creación e instalación, así como participantes del Sistema Nacional Anticorrupción.

Respecto al tema del Presupuesto Participativo, manifestó que en el 2016 se realizaron 16 auditorías, que generaron 92 observaciones económicas y administrativas por presuntas irregularidades; lo que impulsó la integración de 67 dictámenes técnicos que podrían finalizar en Procedimientos Administrativos Disciplinarios contra servidores públicos que hayan incurrido en irregularidades.

En el rubro de Fiscalización, se realizaron 553 auditorías, correspondiendo 181 a las dependencias y órganos desconcentrados; 230 a las entidades paraestatales; 136 a las demarcaciones territoriales; y 6 en materia cibernética y proyectos tecnológicos.

De las 1,421 observaciones detectadas, 531 fueron de carácter económico y 890 administrativas, de las cuales, 443 fueron solventadas y 489 no solventadas, en proceso 462 y en terceras instancias 27.

En materia de Auditoría Externa se solventaron con la Auditoría Superior de la Federación un monto de 1,568 millones de pesos; con la Secretaría de la Función Pública un monto de 29 millones de pesos y en cuanto a la Auditoría Superior de la Ciudad de México se solventaron 1,194 recomendaciones.

En este periodo se gestionó la imposición de 2,307 penas convencionales por el monto de 175 millones de pesos. Se participó en un total de 5,812 procedimientos, específicamente en 1,735 licitaciones públicas; 2, 635 invitaciones restringidas; y 1, 442 adjudicaciones directas.

Sumadas con las denuncias recibidas directamente ante las Contralorías Internas o por correo electrónico, se iniciaron 16,218 expedientes de investigación; se tramitaron 3,599 Procedimientos Administrativos Disciplinarios, de los que derivaron poco más de 2,000 sanciones administrativas impuestas a servidores públicos.

Asimismo, se impusieron 156 sanciones económicas por un monto de poco más de 316 millones de pesos que deberán pagar los servidores públicos sancionados.

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