Los presidentes de las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD, cuyos partidos integran la coalición Va por México, responsabilizaron al gobierno federal de la violencia política que sufren sus candidatos y advirtieron que ello pone en riesgo la realización de los comicios del próximo 6 de junio.

“Al presidente de la República se le olvida que los atentados en contra de las y los candidatos de (sic) este proceso electoral, sin importar su filiación partidista, no sólo vulneran derechos individuales, sino que también laceran la democracia mexicana y el derecho de la ciudadanía a elegir el rumbo de México’’, cita el comunicado conjunto emitido.

Desde la óptica del panista Marko Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano, los atropellos que se han cometido en contra de quienes representan a la coalición Va por México son también, “a todas luces, atropellos a la ley, de la misma manera que los ataques del gobierno federal hacia organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral.

“Por eso le exigimos al gobierno federal y a los gobiernos de Morena se conduzcan dentro de la ley para que se garantice en cada entidad la democracia, y no se intervenga indebidamente en el proceso electoral". “Morena está empecinado en hacerle creer a la ciudadanía que, si gana la mayoría de los puestos de elección popular, ganó la democracia, si no, hubo fraude’’, remarcan.

Demandaron, además, un juego democrático limpio y que se deje de hacer uso faccioso de los Ministerios Públicos de las entidades federativas para aniquilar a los opositores de Morena, y reiteraron que se debe respetar al árbitro electoral.

Repudiamos públicamente esta persecución y violencia política que pone en riesgo la realización de elecciones democráticas’’, advirtieron.

Consideraron que “arrestos recientes, detenciones y vinculaciones a proceso fuera de la ley, en periodo electoral y sin el debido proceso en contra de candidatos de la coalición Va por México, significan el más condenable uso político del Ministerio Público para combatir a la oposición y demuestran que Morena sabe que perderán la mayoría en las próximas elecciones’’.

E hicieron referencia a casos que, estimaron, constituyen violencia política:

“El acoso policial de Luis Cobo Fernández, candidato a la diputación federal en el distrito de Tehuacán, Puebla. La persecución política de Jesús Giles, candidato a presidente municipal de Santa Clara Ocoyucan, Puebla. La detención ilegal de Rogelio Franco Castán y de Gregorio Gómez Martínez, candidatos a diputado local y presidente municipal en Veracruz’’.

Finalmente, exigieron “que, en lugar de invertir los recursos del Estado mexicano en fabricar expedientes y casos inexistentes, el gobierno federal debe activar protocolos de seguridad para que tanto la ciudadanía como las y los candidatos de cualquier partido político tengan la certeza de que su integridad no correrá riesgo en estas elecciones’’.

rolando.ramos@eleconomista.mx