En las elecciones del pasado 4 de junio se eligieron 525 cargos en las administraciones estatales de Coahuila, el Estado de México, Veracruz y Nayarit; de estas posiciones sólo cinco políticos electos han presentado, hasta ahora, sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, mejor conocidas como su 3de3 en la plataforma de las ONG.

En Coahuila sólo un candidato a la gubernatura y un candidato electo a munícipe han presentado sus declaraciones, a pesar de que se eligieron en total a los titulares de 38 alcaldías, 16 diputaciones de mayoría relativa y nueve de representación proporcional.

En el estado de Nayarit la situación se recrudece, ya que sólo un diputado ha presentado su declaración de un total de 30 que se eligieron; de los cuales 18 fueron electos por mayoría relativa y 12 por representación proporcional, además de la elección de 20 alcaldes, 138 regidores de mayoría relativa y 59 de representación proporcional.

En Veracruz la situación es similar, ya que de las 212 alcaldías que se votaron en el pasado proceso electoral, sólo uno de los candidatos electos ha transparentado sus declaraciones.

Mientras tanto, en el Estado de México, en donde sólo se votó por gobernador, el hasta ahora virtual ganador de la contienda sí presentó su declaración de intereses, fiscal y patrimonial durante la etapa de la candidatura.

En general, menos de 1% de los políticos electos en las pasadas elecciones estatales han presentado sus declaraciones. Si se analizan a los candidatos electos que presentaron sus declaraciones por fuerza política de la que provienen, sólo tres partidos están en la acotada lista y se trata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El investigador de Fundar en el área de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, Guillermo Ávila, señaló que la Ley de Responsabilidades Administrativas que entró en vigor el pasado 19 de julio, sólo reconoce la obligación de presentar su declaración patrimonial a los funcionarios públicos en activo, más no a los candidatos a un puesto de elección popular. Sin embargo, dijo, hay cada vez más exigencia ciudadana para que los postulantes a cargos públicos presenten sus declaraciones.

Impugnación de transparencia, tentación que no prosperará

A partir de mayo del 2018, de no haber algún cambio en la ley, todos los funcionarios de la Administración Federal, incluso aquellos secretarios de Estado que mantenían secrecía sobre su patrimonio, sus declaraciones fiscales y de intereses tendrán la obligación de presentarlas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), no obstante, esto no significa que no pueda haber amparos en contra de dicha ley, aunque difícilmente prosperarán, afirmó el investigador de Fundar, Guillermo Ávila.

El especialista indicó que con la nueva ley se puede saber cierta información de los funcionarios públicos con el objetivo de detectar cómo prevenir e investigar eventualmente posibles actos de corrupción .

Con la información que se obtenga se podrá saber información como la participación que tengan los funcionarios públicos en empresas o incluso en organizaciones de la sociedad civil.

No obstante a esto, agregó Ávila, no sería raro que los funcionarios se amparen ante dicha ley como hemos visto sobre todo en el Poder Judicial de la Ciudad de México, pues justamente interpusieron una demanda contra la obligación de hacer públicas sus declaraciones .

A mediados de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó declarar válidos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como ley 3de3, impugnados a través de una acción de inconstitucionalidad promovida por diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Con ello se dejaron firmes criterios de máxima publicidad en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, sin la revelación de datos personales que pongan en riesgo su seguridad y la de sus familias.

Posteriormente, en julio, la Corte validó la fracción XIII del artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que obliga a funcionarios a mantener para consulta una versión pública de sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal.

Por otra parte, la pasada actualización de mayo, en las declaraciones patrimoniales, fueron 200,000 funcionarios los que la presentaron. Con la entrada en vigor de la nueva ley serán más de 1 millón de funcionarios lo que la tendrán que presentar dicha información.

La 3de3 es promovida por Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad, como una iniciativa que busca reconstruir la confianza ciudadana a través del compromiso y transformación de la clase política y que funcionarios y políticos antepongan los intereses de México a los propios.

(Se) promueve que nuestros funcionarios y candidatos a puestos de elección popular hagan públicas tres declaraciones voluntariamente como muestra de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el interés público , indican las organizaciones civiles.

Las cifras sobre la transparencia

  • Se eligieron en las elecciones de junio un total de 525 cargos públicos.
  • Se designaron 445 puestos de mayoría relativa y 80 de representación proporcional.
  • En la elección de Coahuila, de los 64 cargos a ocupar, sólo un candidato electo a alcalde y uno a gobernador presentaron su declaración.
  • En Nayarit se eligieron 51 posiciones, sólo un candidato electo a diputado local ha presentado su 3de3.
  • En Veracruz hubo elecciones en los 212 ayuntamientos y únicamente un alcalde electo ha hecho públicas sus declaraciones.
  • En el Estado de México, el virtual ganador de la contienda subió la información a la plataforma.