Al reactivarse en el Senado de la República la discusión sobre este tema, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) expresó nuevamente su rechazo a la iniciativa del senador Ricardo Monreal para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR). Demandó la celebración de un parlamento abierto donde se escuche a las víctimas.

“Esta propuesta implica la negación del derecho de toda persona a ser buscada, así como la violación al principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos al pretender sustraer a la FGR de las obligaciones constitucionales, convencionales y legales en la búsqueda de las personas desaparecidas”, alertó.

“Desde la CNB y las comisiones estatales de búsqueda insistimos al Senado en la necesidad de abrir una discusión más amplia para buscar soluciones de raíz en la investigación, procuración de justicia y de búsqueda. La endémica falta de capacidades para investigar hechos delictivos o violatorios a derechos humanos requiere nuevas aproximaciones que permitan el máximo uso de recursos disponibles en el Estado para dar los resultados que el pueblo de México demanda”, resaltó.

Mediante un comunicado, la CNB —en sintonía con las Comisiones Estatales de Búsqueda—, argumentó que la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y diversas disposiciones generales, incluyendo la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMD), plantea eliminar a la FGR como miembro del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), al pretender derogar el Artículo 45, fracción III de la LGMD y tenerla como “invitada” obligatoria.

La CNB argumentó que en un país con más de 83,000 personas desaparecidas víctimas de diversos delitos, más de 4,000 fosas clandestinas, con decenas de miles de cuerpos sin identificar, con apenas 35 sentencias condenatorias de primera instancia a nivel nacional por los delitos de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares, y docenas de miles de investigaciones abiertas, “lo que se esperaría es buscar reformas integrales con la participación ciudadana y de las demás instituciones del Estado mexicano para atender esta crisis, sin fragmentar aún más su abordaje”.

Indicó que restarle participación de la FGR en el tema de desaparición, tendría como consecuencia el desconocimiento del Protocolo Homologado de Búsqueda construido con las familias de personas desaparecidas, sociedad civil y comunidad internacional, y en el cual se determinan con claridad las obligaciones que todas las autoridades —incluida la FGR— tienen en la búsqueda de personas.

“Dado el actual diseño legal y competencial que rige las instituciones responsables de la búsqueda de personas, la participación proactiva de las instituciones responsables de la procuración de justicia es indispensable para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas: eliminar sus obligaciones en la materia equivale a reducir masivamente los recursos, métodos y mecanismos disponibles para dar con el paradero de decenas de miles de personas desaparecidas”, argumentó.

La CNB, dependiente de la Secretaría de Gobernación, alertó que una reforma como la que se pretende en el Senado, podría tener como efecto que las fiscalías estatales repliquen la postura de ser invitadas y no parte del Sistema Nacional de Búsqueda, “lo cual mermaría profundamente la búsqueda de las personas desaparecidas”.

“La autonomía constitucional de la Fiscalía debe ser entendida, entre otros, como una garantía de acceso a la justicia, así como para evitar presiones ilegítimas en la investigación y lograr llevar los casos ante tribunales; y no como una fórmula para evitar la coordinación y rendición de cuentas, disociándose (sic) del resto del Estado”, dijo.

Recordó que el Sistema Nacional de Búsqueda actualmente involucra a distintas instituciones, fiscalías, comisiones de búsqueda, policías, consulados, entre otras autoridades, así como con familias y el Consejo Nacional Ciudadano.

“La falta de resultados en materia de investigación y sanción de los responsables en materia de desaparición de personas a nivel nacional tiene un impacto directo en la prevención de la crisis en la materia, y en los derechos de verdad, justicia y reparación a que tienen derecho las víctimas y la sociedad mexicana. Cambiar la forma en la que se investigan los delitos y se procura verdad y justicia es uno de los retos más profundos de la transformación de la vida pública de México”, sentenció.

“La CNB recuerda que ninguna reforma a la Ley General en Materia de Desaparición y otras leyes relacionadas con la desaparición de personas pueden aprobarse sin abrirse a un debate que reconozca y garantice el derecho a la participación activa de las familias de personas desaparecidas y sus representantes, así como a la participación de los demás miembros del Sistema Nacional de Búsqueda. En consecuencia, se reitera la necesidad de un parlamento abierto”, dijo.

Finalmente, pidió al Senado reconsiderar la concentración de facultades investigativas en el Ministerio Público, de tal forma que autoridades administrativas como la Comisión Nacional de Búsqueda puedan solicitar actos de investigación directamente ante jueces de control, fungir como primeros respondientes en los lugares donde registra hallazgos y analizar la separación de los servicios forenses.

jorge.monroy@eleconomista.mx