Los menores de edad, a partir de 14 años, que sean detenidos por delitos catalogados como graves, podrán ser sujetos a prisión preventiva hasta por cinco meses, hasta que se resuelva si son responsables o no en un juicio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que esa medida no contraviene la Constitución. La norma fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Con ocho votos a favor y tres en contra, los integrantes del pleno del máximo tribunal de justicia del país resolvieron el recurso en contra de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

La CNDH argumentaba que al grupo de los adolescentes entre las edades de 12 y menores de 14 años, la norma constitucional ordena no imponer medidas de internamiento, aunque sí puedan ser sujetos a las normas, los procedimientos y las medidas del sistema de justicia del país.

En cuanto a los adolescentes que oscilan entre 14 años y menores de 18 años de edad, conforme al sistema integral para adolescentes, les podían ser aplicables las medidas de reclusión.

Al prever la medida de prisión preventiva, violan los principios del sistema integral de justicia para adolescente, así como el principio de presunción de inocencia previstos en los Artículos 18 y 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño , argumentó la CNDH.

Ayer, los ministros a favor de la aplicación de la norma estimaron que los casos de excepción son los delitos de homicidio calificado, narcotráfico, delincuencia organizada, terrorismo, extorsión, violación, lesiones agravadas, trata de personas y robo con violencia.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo argumentó que la prisión preventiva para adolescentes es una medida diferente a la aplicada a los adultos, debido a que tiene un límite máximo de duración y exige una revisión periódica.