Lectura 3:00 min
Analizan trabajo de la Profepa
El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas visitó recientemente el país.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), una de las dependencias del sector ambiental que de forma continua ha visto sus recursos acotados por los ajustes al presupuesto, tiene una limitada capacidad para llevar a cabo inspecciones de control de la contaminación en compañías, reportó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
En fechas recientes, especialistas de las Naciones Unidas visitaron el país para identificar iniciativas, oportunidades y desafíos para implementar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en México.
Parte de su agenda de trabajo contempló reuniones con funcionarios federales, entre ellos, integrantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Profepa.
En sus observaciones preliminares de esta visita, el grupo de trabajo reportó que la procuraduría es responsable de la inspección y supervisión de 200,000 empresas potencialmente contaminantes para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, así como evitar y controlar la contaminación. Sin embargo, destaca que para ello sólo tiene 300 inspectores.
También destacó la existencia de una restricción con respecto al número de días que los inspectores pueden viajar para llevar a cabo visitas in situ.
Por otro lado, el grupo de trabajo reconoció la nueva legislación, en el marco de la reforma del sector energético, que incorpora el concepto de desarrollo sostenible. Así como las recién creadas leyes de industria eléctrica y de hidrocarburos que incluyen, como requisito para las empresas, llevar a cabo evaluaciones de impacto social con un enfoque basado en los derechos humanos en la realización de sus proyectos.
En su reporte, el grupo de la ONU observa un compromiso por parte del gobierno mexicano para avanzar en la agenda de derechos humanos y empresas. Sin embargo, se requiere de mayores esfuerzos para cambiar políticas, prácticas, pero también mentalidades para fomentar una cultura de transparencia, integridad, comportamiento ético y valores democráticos. Nos gustaría resaltar también la necesidad de que el gobierno dé el ejemplo .
Asimismo, señala que como el principio de la debida diligencia es el núcleo de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la prevención de daños o perjuicios con suficiente anticipación debería conducir a una situación de ganar-ganar, pues se evitarían impactos negativos. Por lo tanto, siguiendo este enfoque, es relevante tener en cuenta que no todos los proyectos de inversión pueden considerarse viables .
