La Ley de Amnistía propuesta por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión con la que se busca dotar de libertad a personas encarceladas por delitos no graves tendrá efectos muy acotados, además de no resolver el tema de fondo, que es una débil procuración de justicia, prevén especialistas.

Cabe precisar que la iniciativa de ley de amnistía incluye exculpar a mujeres e indígenas que llevan procesos por delitos no graves, así como a personas relacionadas con ilícitos como aborto y drogas.

Fernanda Dorantes, directora del área jurídica de la organización civil Reinserta, que se dedica a brindar apoyo a las personas privadas de su libertad, consideró a la ley de amnistía “como bien intencionada”, pero carente de una política integral de reinserción social y de prevención del delito para potenciar sus efectos.

“Continuando desde este enfoque de reinserción, es muy importante atender cuestiones como... (capacitación) laboral, el acceso a estudios (...) También cuáles van a ser tus acciones subsidiarias para garantizar que estas personas... (tengan) acceso a oportunidades una vez que salgan de prisión”, expuso.

En el proyecto de ley que se encuentra actualmente bajo análisis de la Cámara de Diputados se precisa, en su artículo primero, que las personas que reciban amnistía serán aquellas que se encuentren bajo proceso judicial a nivel federal.

Fernanda Dorantes añadió que los beneficiados serán, en términos numéricos, muy pocos.

“Jamás en la vida vas a encontrarte con una mujer procesada y juzgada en el fuero federal por aborto (...) lo mismo ocurre con el robo simple y sin violencia, encontrar un tema de robo simple y sin violencia juzgado por la Federación es como ver volar un elefante rosa, no lo hay.

“Respecto a los delitos relacionados con delincuencia organizada por lo que hace a los temas de narcomenudeo, la proporción por ejemplo de fuero federal y fuero común es de 10 a uno, es decir, uno federal y 10 del fuero común, entonces estamos hablando que aproximadamente el número de personas encarceladas por narcomenudeo en el fuero federal es de alrededor de 10,000 personas y en el fuero común es de 95,000”, detalló.

Por su parte, la investigadora de la Universidad La Salle, María del Carmen Cendón Garduño, indicó que la ley de amnistía es una oportunidad para monitorear cómo ha funcionado el Sistema Penal Acusatorio.

“El primer problema que tenemos es el mismo Sistema Penal Acusatorio (...) se han visto una serie de alteraciones (reformas legislativas recientes) al sistema penal y con ello (también a) la justicia alternativa, que era una de las mejores opciones para poder evitar todo este tipo de cúmulo en la cárcel, sin tomar en cuenta que lo que se trata de hacer (en la actualidad) es meter otra vez a la gente a la cárcel”, puntualizó.

Cendón Garduño precisó que uno de los problemas más graves que tiene el sistema judicial es el que se amplíen los tiempos de prisión preventiva, una deficiencia que, opinó, puede ser parte de las razones por la que se impulsa la ley de amnistía.

“Un proceso que va de cuatro a seis meses de prisión se fue hasta un año o dos años de prisión (preventiva), en ese momento, independientemente de la pena, es un olvido del Estado”, mencionó.

La investigadora acotó que se deben reforzar los mecanismos de investigación de delitos en el país para conocer más sobre las formas en las que operan las bandas criminales y así tener una perspectiva más clara sobre cuáles son los grupos poblacionales que son coptados por el crimen.

Cabe recordar que en días pasados, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sostuvo que la amnistía contra mujeres encarceladas por delitos menores que están ligados con estupefacientes está acorde con las mejores prácticas internacionales.

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