El nuevo sistema penal permitió a la PGR incrementar la aplicación de las herramientas jurídicas de declaración de abandono y extinción de dominio, con las que del 2016 al 2017 incrementó el aseguramiento de recursos en efectivo a organizaciones criminales, de acuerdo a un documento en poder de El Economista.

En el desglose, el documento sostiene que durante el 2017 se obtuvo la declaración de abandono de bienes —que se aplica cuando los bienes asegurados no son reclamados en un lapso de 90 días— por un monto aproximado de 353 millones 196,101 pesos, lo que representó un incremento de 4.5% respecto a lo obtenido en el 2016 que fue de 337 millones 802,343 pesos. De bienes abandonados, se incrementaron los casos de 1,705 a 2,593; es decir, según el documento fue 52% más.

“En el mismo año (2017) se logró la declaración de abandono de bienes por 15 millones 71,183 dólares estadounidenses, lo que significó un incremento de 148% respecto a lo alcanzado en el 2016” y se agregó que sobre la extinción de dominio “en el 2017 se obtuvieron nueve sentencias favorables correspondientes a 44 bienes con un valor aproximado de 15 millones 207,668 pesos y 812,000 dólares”.

En cuanto a la extinción de dominio de bienes inmuebles a grupos criminales, de acuerdo con el artículo 22 de la Constitución federal, la efectividad de la Procuraduría General de la República se elevó igual en 300% al pasar de 11 bienes en el 2016 a 44 en el 2017.

El agente del Ministerio Público Federal, según el documento: “Declaración de Abandono y Extinción de Dominio”, estima que esa tendencia se mantendrá a la alza debido a que sólo en enero del 2018, se logró aplicar el abandono de 14 millones 284,810 pesos y 11 millones 946,328 dólares, mientras que por extinción de dominio obtuvieron cinco sentencias favorables, obteniendo 13 millones 263,436 pesos y 4 millones 708,875 dólares.

Después de que son aplicadas las dos figuras legales y se decreta a través de tribunales del Poder Judicial de la Federación la extinción y abandono de bienes, éstos se rematan a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y los recursos económicos se destinan en beneficio del gobierno federal, así como para la procuración de justicia.

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