Entre el 1 de enero y el 23 de julio, 224 policías han sido asesinados en el país, lo que refleja un aumento en los homicidios de uniformados en comparación con el 2018. Tan sólo entre el sábado pasado y este martes cuatro policías fueron asesinados en Guanajuato.

De acuerdo con el conteo de policías asesinados de la organización Causa en Común durante el mismo periodo analizado pero del 2018, se contabilizaron 206 homicidios de uniformados, es decir, 18 menos que en el año en curso.

Los estados con mayor número de ataques contra uniformados en lo que va del 2019 son: Guanajuato, con 21; Chihuahua y Michoacán, con 20 registros en cada estado; Guerrero, con 19, y Jalisco y Puebla, con 16 asesinatos, respectivamente.

Además de arriesgar su vida en el cumplimiento de su labor, los uniformados no cuentan con las condiciones adecuadas de equipamiento, salariales e infraestructura necesarias para combatir el crimen, así lo denunció un policía de Puebla, quien pidió anonimato.

“Estamos en una situación pésima porque no hay garantías por la labor que desempeñamos, se trabaja con un equipo totalmente obsoleto y con un bajo sueldo, por eso existen muchos casos de corrupción”.

En ese sentido, señaló que en su trayectoria de 21 años en el servicio le han ofrecido proteger a los integrantes del narcotráfico, realizar secuestros y desaparecer personas, “después uno recibe amenazas porque son consecuencias de no aceptar esos tratos”.

Además de los riesgos de la labor, denunció que ni los ciudadanos tienen respeto hacía las policías de cualquier nivel y cuestionó: “¿Cuál es la imagen de la autoridad de un país en donde no se aplica la ley?

“No contamos con instalaciones adecuadas e incluso muchos policías están desarmados porque no quieren usar las armas, ya que las cobran y eso ha sido de años, a veces está hasta en 20 pesos cada bala”.

Entre los principales crímenes que enfrenta Puebla está el robo de combustible, así como el robo de transporte carga federal, en ese sentido, el entrevistado explicó que en muchas ocasiones los delincuentes descarrilan los trenes o matan a los conductores de tráileres para desmantelar las unidades y robar la mercancía para venderla en los límites con las entidades colindantes, principalmente Veracruz y Tlaxcala.

“En mi trayectoria sólo he recibido un informe por parte de la corporación. No tenemos placas oficiales como en otros países en donde los policías cuentan con los chaperones que se cuelgan en el cuello o en el cinturón, uno tiene que comprar hasta las botas”.

El agente consideró que las autoridades de derechos humanos intervienen en la labor policial a tal grado de que protegen más al delincuente que al mismo policía.

Por otra parte, el director general de Causa en Común, José Antonio Polo Oteyza, coincidió en la precariedad laboral de los uniformados y recordó que el gobierno federal ha asegurado un apoyo a las policías locales.

“Desde Causa en Común esperamos que el apoyo sea real, porque los presupuestos para las policías locales han disminuido. Existe el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que es para las secretarías de la Seguridad Pública de los estados, que disminuyó entre 5 y 6%, así como los fondos para el apoyo de municipios disminuyeron aún más, entre 25 y 30 por ciento”.

En ese sentido, señaló que para que las declaraciones del gobierno sobre el respaldo a las policías sea real, es necesario brindar los apoyos suficientes. “Es necesario saber que el presupuesto va de acuerdo con esas declaraciones y hasta ahorita no se ha visto”, enfatizó.